EN PLENA PANDEMIA NUESTRA FISCALIA DE LA NACION ENCONTRO LA TRANSFERENCIA DE DINERO SUCIO PERTENECIENTES A OFICIALES FAP EN CUENTAS DE BANCO BIELORRUSO
Las autoridades judiciales de Panamá comunicaron a la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Corrupción de Funcionarios, el hallazgo de transferencias de dinero de la compañía Treves Intora Association a la cuenta secreta que mantenía el coronel FAP (r) Felipe Reyes Morales en el banco bielorruso Priorbank. Reyes fue designado por el exmandatario Alberto Fujimori para que formara parte de la comisión técnica que viajó a Bielorrusia para evaluar 36 aeronaves de guerra MiG-29 y Sukhoi-25, las que finalmente fueron adquiridas a Treves Intora Association por 432 millones de dólares.
La información obtenida por el Ministerio Público a través de las autoridades judiciales de Panamá, las transferencias interbancarias indica que Treves Intora hizo desde su cuenta en el Banco Exterior de Panamá (BEX, ahora BBVA) hacia la cuenta secreta que el citado exoficial tenía en el Banco Prior Bank en Bielorrusia, se efectuaron poco después de que el Gobierno peruano pagara por la compra efectuada a la referida compañía. Las autoridades del istmo suministraron evidencia documental que demuestra que Treves Intora Association ordenó que desde sus cuentas en el Banco Exterior de Panamá (BEX, ahora BBVA), se efectuaran 4 transferencias a nombre de Felipe Reyes Morales en el Priorbank, de Minsk, Bielorrusia.
La información obtenida por el fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández, consiste en cuatro órdenes de transferencias a nombre del coronel Felipe Reyes por 667 mil 884 dólares, lo que representa una evidencia indudable del pago de una coima, porque el mencionado oficial recomendó la compra de las aeronaves que se ofertaron a un precio sobrevalorado y con limitaciones técnicas.
Así lo dieron a conocer los peritos contables de la investigación conducida por el fiscal adjunto superior Juan Manuel Fernández Castillo, durante una de las últimas etapas del nuevo juzgamiento que se viene realizando a un total de 20 exfuncionarios y particulares, implicados en supuestas irregularidades en la adquisición de dichos equipos bélicos valorizados en US$432 millones, entre los años 1996 y 1998.
El caso más grave de corrupción del régimen fujimorista -la adquisición de las aeronaves de combate a Bielorrusia-, había sido archivado con la absolución de los principales implicados. Sin embargo, la Corte Suprema dispuso que se reabriera el proceso por las evidencias de corrupción. Es en ese contexto que el fiscal Juan Manuel Fernández logró conseguir la información que comprueba que existieron actos ilícitos en la compra de 18 aviones de guerra MiG-29 y 18 Sukhoi-25 de fabricación rusa, pero que se encontraban en poder del régimen bielorruso después de la desintegración de la Unión Soviética.
“La información bancaria es clave porque el coronel FAP Felipe Reyes Morales era miembro de la comisión técnica que se encargó de evaluar las propuestas de aeronaves y escogió la de Bielorrusia, representada por la empresa Treves Intora Association, que es la que le hace las transferencias poco después que el gobierno de Fujimori hizo los pagos”, señaló el fiscal Fernández.
“Por supuesto que es un pago ilegal, es una coima y vamos a determinar quiénes más recibieron pagos ilegales porque el presidente de la Comisión Técnica era el teniente general FAP Rolando Magni Flores, también designado por Fujimori en el puesto, y el coronel Felipe Morales respondía a él”, precisó el fiscal anticorrupción.
Las transferencias se hicieron el 17 de junio, el 19 de junio, el 22 de junio y el 10 de septiembre de 1998, después que el propio teniente general Rolando Magni firmó dos contratos con Treves Intora Association por 432 millones de dólares, primero por 18 MiG-29 y luego por otros 18 Sukhoi-25.
Luego de visitar en varias oportunidades Bielorrusia, dio el visto bueno y recomendó la compra de los MiG-29 y Sukhoi-25 del gobierno bielorruso que ofrecía la compañía de fachada de los socios de Montesinos. En ese momento, las aeronaves no contaban con la garantía del fabricante de la Federación Rusa para proveer armamento, motores, repuestos y mantenimiento, lo que reducía sus capacidades durante un conflicto armado.
Felipe Reyes Morales fue designado por Fujimori para viajar a Bielorrusia para evaluar 36 aeronaves de guerra
“Fue la Procuraduría Anticorrupción la que salvó este caso que había sido archivado, ya que apeló la sentencia absolutoria en 2010 y logró la nulidad en la Corte Suprema para que hoy se lleve a cabo un nuevo proceso”, explicó el fiscal Juan Manuel Fernández.
No obstante que las compras de las aeronaves se hicieron hace 24 años, los delitos no han prescrito “porque en este caso los hechos son en agravio del Patrimonio Estatal y por ello los plazos comunes de prescripción se duplican”, informó el fiscal. Además, han existido plazos de suspensión de la prescripción.
Además de las condenas correspondientes, procede el pago de reparación civil que sería de 432 millones de dólares.
De acuerdo con el Reniec, Felipe Reyes Morales reside en Dallas, Texas, Estados Unidos, lo que no es impedimento para que responda ante la ley.
Cabe precisar que, según elementos de prueba reunidos por la Cuarta Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima, se ha determinado que la firma Treves Intora Association fue constituida en Bahamas como empresa offshore por los vendedores de armamentos Moshe Rothschild Chassin, Enrique Benavides Morales, Claus Corpancho Kleinicke y Luis Duthurburu Cubas, asociados al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.
La acusación fiscal señala además que las aeronaves se ofertaron a un precio sobrevalorado y con limitaciones técnicas, así como otras irregularidades en contratos adicionales de repuestos y mantenimiento, por lo que plantea que los imputados paguen US$432 millones como reparación civil a favor del Estado.
A pesar del tiempo transcurrido, este proceso no prescribe ya que los hechos materia de juzgamiento son en agravio del patrimonio estatal y, por tanto, los plazos se duplican, sumándose a ello el periodo de suspensión por la pandemia del Covid-19, dispuesto por el Poder Ejecutivo.
Este nuevo juzgamiento, dispuesto por la Corte Suprema en el año 2016 en el marco legal del antiguo Código de Procedimientos Penales, se basa en la presunta concertación, sobrevaloración y pagos ilícitos durante el mencionado proceso de adquisición, ante lo cual la fiscalía ha acusado a los involucrados por el delito de colusión en agravio del Estado, habiendo solicitado contra ellos penas que oscilan entre 10 y 15 años de prisión.
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