VENDIERON MATERIAL DE GUERRA FAP - OFICIALES INESCRUPULOSOS HAN CONTRIBUIDO AL INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD NACIONAL - ALTO MANDO RESPONSABLE

 

MATERIAL DE GUERRA DE LA FAP, EN MANOS DE SICARIOS Y EXTORSIONADORES 

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1. Contexto general

El documento S-136-MGIN N.° 142 de fecha 23 de marzo de 2023, suscrito por el Coronel FAP Mauricio Mercado Casapía al asumir el Comando del Servicio de Material de Guerra, evidencia una grave situación institucional: la detección de material de guerra faltante correspondiente a Clase V (armamento terrestre), Clase V-A (armamento aéreo) y Clase V-DA (armamento de defensa aérea). En dicho documento se solicitó formalmente al Director de Logística que se inicie la investigación correspondiente para determinar los hechos y a los responsables de la presunta pérdida ocurrida durante la gestión del Coronel FAP (r) Jhon Erwin Bonifaz en los años 2021 y 2022.

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2. Alcance del material comprometido

La clasificación de los bienes reportados como faltantes no es menor. Se trata de material Clase V, V-A y V-DA, categorías que según doctrina militar comprenden armas, municiones, misiles, cohetes y sistemas de apoyo bélico. Estos bienes se consideran estratégicos por su carácter de alto riesgo, ya que su pérdida, desvío o comercialización ilegal no solo compromete la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), sino que además puede alimentar redes criminales vinculadas al narcotráfico, el terrorismo o la delincuencia organizada (SICARIATO Y EXTORSIÓN).

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3. Marco normativo aplicable

Desde la perspectiva jurídica, la presunta desaparición de material de guerra puede enmarcarse en los siguientes tipos penales:

• Peculado doloso de uso o apropiación (art. 387 del Código Penal), por el uso o disposición indebida de caudales o efectos pertenecientes al Estado.

• Colusión agravada (art. 384), si se demostrara concertación con terceros para la venta o desaparición del material.

• Delitos contra la seguridad nacional (arts. 330 y ss.), dado que el material bélico forma parte de la defensa del Estado.

• En el ámbito castrense, el Código Penal Militar Policial (CPMP) tipifica como delito de apropiación, sustracción o pérdida de material de guerra (arts. 128 y 129 CPMP), con penas agravadas en caso de que los bienes sean de uso estratégico.

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4. Desarrollo de las investigaciones

El pedido de investigación fue elevado a la Inspectoría General, órgano que según la Ley Orgánica de la FAP tiene competencia de control interno. Sin embargo, según la documentación revisada, no se obtuvo respuesta clara ni informe concluyente sobre el destino del material. Este silencio administrativo resulta grave, ya que abre la posibilidad de un encubrimiento institucional, sobre todo considerando que parte del personal presuntamente involucrado forma parte del actual Alto Mando de la FAP. La omisión de actuación también podría ser subsumida en el tipo penal de encubrimiento real (art. 405 CP) o omisión de actos funcionales (art. 377 CP).

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5. Responsabilidad funcional y mando

Los documentos muestran que las advertencias sobre las fallas y pérdidas fueron comunicadas a los más altos niveles de la FAP, incluyendo al Comandante de Operaciones, al Director General de Logística, al Servicio de Mantenimiento, al Servicio de Electrónica y a la Inspectoría General. La ausencia de medidas concretas o informes concluyentes revela una posible responsabilidad por omisión en la cadena de mando.

De confirmarse que el actual Comandante General habría dispuesto ocultar los hechos, se configuraría responsabilidad administrativa y penal por encubrimiento, además de una grave infracción al principio de responsabilidad jerárquica en materia de defensa nacional.

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6. Conexión con la seguridad ciudadana

El incremento de extorsiones, atentados con explosivos y hechos de violencia urbana en distintas ciudades del país podría estar relacionado con la eventual filtración de material de guerra hacia organizaciones criminales. Si bien este nexo aún no ha sido probado en sede judicial, la correspondencia temporal entre la presunta pérdida de armamento (2021–2022) y el incremento de ataques con explosivos merece una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público y la División de Investigación Criminal (DIRINCRI-PNP).

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7. Implicancias en futuras adquisiciones

En este contexto, la intención de la FAP de adquirir aviones por más de 3,000 millones de dólares resulta cuestionable. Desde una perspectiva de política pública, no se puede avanzar en proyectos de adquisición de alto costo cuando persisten graves deficiencias en:

• Custodia y control de material bélico.

• Transparencia administrativa.

• Rendición de cuentas del alto mando.

Se requiere primero “ordenar la casa”, garantizar la seguridad del patrimonio existente y sancionar a los responsables de irregularidades pasadas.

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POR LO TANTO:

1. La presunta pérdida de material de guerra Clase V, V-A y V-DA constituye un hecho de altísima gravedad para la seguridad nacional.

2. Se identifican indicios de responsabilidad penal y castrense atribuibles a mandos de la gestión 2021–2022 y a quienes, conociendo los hechos, omitieron su denuncia o encubrimiento.

3. Se recomienda la intervención inmediata del Ministerio Público con apertura de investigación preparatoria por peculado, colusión, encubrimiento y delitos contra la seguridad nacional.

4. La Contraloría General de la República debe iniciar acción de control concurrente sobre la custodia y administración de material bélico en la FAP.

5. El Congreso de la República debería constituir una Comisión Investigadora, considerando que estos hechos se enmarcan en adquisiciones y gestiones de recursos por miles de millones de dólares.