La FAP frente a una compra de 3,000 millones: interoperabilidad o lobby internacional
Aviones de combate para el Perú: ¿decisión técnica o negocio político?
En medio de denuncias de corrupción, pérdida de material bélico y graves irregularidades administrativas, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) pretende concretar una adquisición multimillonaria de aeronaves de combate, cuyo valor superaría los 3.000 millones de dólares. La operación no solo genera dudas sobre la transparencia del proceso, sino también sobre la coherencia estratégica en relación con las necesidades del país y la interoperabilidad de los sistemas ya en uso.
El antecedente del F-16
En 2023, la FAP organizó un Festival Aéreo en Chiclayo en el que se presentó un caza F-16 Fighting Falcon, con el objetivo de mostrar sus capacidades al Gobierno peruano. El despliegue buscaba convencer a las autoridades políticas, incluida la presidenta Dina Boluarte, quien finalmente no asistió. Según fuentes de defensa, se invirtieron recursos significativos en el evento con la finalidad de “vender” la aeronave como la opción más conveniente para el Perú.
El F-16 no era una propuesta improvisada: Argentina había avanzado en la negociación de una flota de 24 aeronaves F-16 danesas, con aval logístico y armamentístico de Estados Unidos
En ese marco, la FAP sostuvo consultas con la Fuerza Aérea Argentina (FAA) para conocer de primera mano los términos de adquisición, las compensaciones industriales (offsets), los esquemas de armamento asociados al programa Foreign Military Sales (FMS) de EE.UU., así como las condiciones de infraestructura requeridas para operar el sistema.
Cambio de rumbo: ¿hacia aviones europeos?
A pesar de este esfuerzo inicial, en 2024 trascendió que el Alto Mando de la FAP estaba analizando un viraje hacia aeronaves de origen europeo. La decisión, según fuentes militares, obedecería más a factores políticos y de lobby que a un análisis técnico riguroso. La interrogante central es clara: ¿tiene sentido incorporar una flota europea cuando el Perú ya opera aeronaves logísticas estadounidenses modernizadas, como los L-100 Hercules, y cuando la interoperabilidad con socios regionales (Chile, Colombia, Argentina) favorece al sistema estadounidense?
El problema de fondo: corrupción e institucionalidad debilitada
La discusión sobre qué avión comprar se da en un contexto crítico:
- Persisten denuncias sobre desvío y pérdida de material de guerra en la FAP.
- La falta de cuadros técnicos especializados para sostener un proyecto de esta envergadura pone en entredicho la capacidad institucional.
- La historia reciente de compras militares en el Perú está plagada de procesos viciados, sobrecostos y adquisiciones que no responden a las verdaderas necesidades de defensa.
- En ese sentido, comprometer una suma de más de 3.000 millones de dólares bajo una gestión cuestionada resulta no solo imprudente, sino riesgoso para la seguridad nacional.
El espejo argentino
El caso argentino ofrece lecciones clave. Documentos oficiales revelan que la FAA consultó y negoció aspectos sensibles: financiamiento, soporte logístico, offset industrial y compatibilidad de armamento
Incluso se consideraron detalles técnicos como la infraestructura de aeródromos, sistemas de reabastecimiento de combustible en vuelo y el acceso a manuales de operación y mantenimiento. Este nivel de detalle contrasta con la opacidad y el secretismo con el que la FAP parece conducir el proceso en el Perú.
El Perú necesita aviones de caza, es cierto, pero la discusión no puede estar capturada por intereses de coyuntura, presiones de lobbies extranjeros o cálculos políticos. La verdadera pregunta es si la FAP, con su actual estructura, denuncias de corrupción y limitaciones técnicas, está en condiciones de administrar una compra de tal magnitud sin repetir los errores del pasado.
Mientras no se garantice transparencia, auditorías externas y un análisis estratégico realista, la adquisición de cazas —sea F-16 o europeos— corre el riesgo de convertirse en otro capítulo oscuro de las compras militares en el país.
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