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miércoles, 24 de septiembre de 2025

Altos mandos de la FAP bajo la lupa: denuncian uso indebido de recursos del Estado para cirugías estéticas y tratamientos personales - Taberna de la Mañosa de Loreto

Escándalo en la FAP: denuncian uso de recursos del Estado para cirugías estéticas y tratamientos privados de ESPOSAS, FAMILIARES Y AMANTES DE altos mandos

Lima. 

Una grave denuncia involucra a altos mandos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por presunto uso irregular de recursos del Estado con fines personales, mientras que al personal subalterno se le niegan incluso insumos básicos de atención médica.

De acuerdo con testimonios recogidos, el general Carlos Enrique Chávez Cateriano habría ordenado que con fondos y facilidades de la institución se costearan operaciones estéticas a su esposa, Carla del Castillo, quien se sometió a una cirugía de senos. Asimismo, sus hijas también habrían recibido intervenciones estéticas de alto costo —implantes de senos, rinoplastia y gluteoplastia— con recursos que corresponderían al sistema de salud militar.

El caso no sería aislado. Se señala también al general Gambarini, quien de manera sistemática acude al sistema de salud de la FAP (ISOFAP) para realizarse arreglos odontológicos, entre ellos implantes de muela, blanqueamientos y mascarillas dentales, sin asumir ningún costo, pese a que dichos procedimientos no están cubiertos por el fondo de salud militar. Según la denuncia, sus tratamientos fueron registrados como “de bajada”, es decir, exonerados de pago.


En contraste, el personal subalterno denuncia la falta de insumos médicos básicos, llegando incluso a situaciones en las que no se cuenta con recursos ni para una simple curación de caries. Este trato desigual evidencia un presunto uso arbitrario y abusivo de privilegios por parte de los altos mandos, en perjuicio directo de la tropa y oficiales de menor rango.

Los hechos, de confirmarse, podrían configurar delitos de peculado y corrupción de funcionarios, al utilizar bienes y servicios del Estado para fines estrictamente particulares. La denuncia pide que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República inicien investigaciones inmediatas, a fin de determinar las responsabilidades y sancionar a los implicados.

Estos hechos, se configurarían delitos graves contra la administración pública. El artículo 387 del Código Penal sanciona el delito de peculado al funcionario que se apropia o utiliza caudales o efectos cuya administración le ha sido confiada, con penas privativas de libertad de 8 a 12 años. Asimismo, el artículo 399 del Código Penal tipifica el uso indebido de cargo público y el tráfico de influencias, aplicables en casos en los que la autoridad se vale de su posición para obtener ventajas ilícitas.

Por otro lado, el artículo 382 del Código Penal establece que la colusión se configura cuando el funcionario concierta con interesados para defraudar al Estado, lo cual podría extenderse a la autorización irregular de procedimientos médicos ajenos a la cobertura oficial.

Finalmente, la situación expuesta vulnera principios de igualdad y probidad en la función pública recogidos en la Constitución Política del Perú (artículos 39 y 41), que obligan a los funcionarios a servir con honestidad y a responder penal y civilmente por actos de corrupción.


Exigencias de investigación

La denuncia solicita que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Contraloría General de la República inicien de inmediato una investigación exhaustiva, a fin de esclarecer las responsabilidades. De probarse la veracidad de los hechos, no solo se trataría de un mal uso de los recursos públicos, sino de un patrón de impunidad que refuerza las prácticas de corrupción en las Fuerzas Armadas, en detrimento del personal subalterno y del erario nacional.


DEJAMOS UN BONUS: 

Escándalos en La Joya: denuncian taberna clandestina, excesos y represalias en la Fuerza Aérea

Arequipa. Testimonios y documentos filtrados apuntan a que, en la base aérea de La Joya, se habrían producido graves hechos que comprometen la integridad institucional de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), cuando Catetot Chavez Cateriano estaba nombrado en esa Unidad. Entre las acusaciones se encuentra la existencia de una presunta taberna clandestina - donde se le tildaba de la tabernera a Carlita del Castillo, esposa de Cateto y amante de otros ofiicales: Esta Taberna fue organizada por el mismo Cateto, donde se vendía licor a discreción y se producían encuentros amorosos clandestinos - amantes furtivos, cuestionados entre miembros de la institución y civiles. entre los oficiales que se levantaron a LA MAÑOSA DE LORETO ESTA ALDITO BARAHONA QUIEN PROBO DE ESA MIEL. 


En ese contexto, se registró un violento incidente en el que un capitán golpeó a un mayor tras acusarlo de haberse propasado con su esposa. El hecho llegó a investigaciones internas y quedó registrado en informes que señalaban que los conflictos provenían de los excesos ocurridos en torno a dicha taberna. Sin embargo, tiempo después, el capitán que defendió su honor fue separado de la institución cuando el oficial cuestionado ascendió en el escalafón militar, lo que ha sido interpretado como un acto de represalia.

Durante estas reuniones de alto consumo de alcohol, varios oficiales salían a conducir en estado de ebriedad por la carretera Panamericana, situación que derivó en al menos un accidente fatal, manchando la disciplina y la seguridad propias de la institución.

Estas denuncias vuelven a poner en debate la falta de control en los entornos militares, donde la permisividad frente a excesos y la ausencia de sanciones firmes contribuyen a prácticas que no solo afectan la disciplina interna, sino que también ponen en riesgo vidas humanas.

“Altos mandos de la FAP implicados en desaparición de material bélico y represalias contra oficiales”

Denuncian a altos oficiales de la FAP por corrupción y represalias

Lima, 24 de setiembre - Unidad de investigación 

Una denuncia ingresada a la Fiscalía de la Nación bajo el N.° 01657-DL-2025-02 pone en el ojo público a un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), acusados de hostigamiento, abuso de autoridad y actos de corrupción en perjuicio de sus propios subordinados.

Los denunciados son Álvaro Gutiérrez Rey, Nilton Guido López Zúñiga, Javier Francisco Tryon Carbone, Roder Marinson Bravo Valera, Carlos Enrique Chávez Cateriano y Alfonso Javier Artadi Saletti, todos identificados como personas naturales y señalados como altos mandos de la institución militar. La denuncia también se dirige contra “quienes resulten responsables” de los hechos.

Según el documento, los agraviados —Julio Guillermo Díaz Izaguirre, Ángel Casso Segovia, Iván Díaz del Solar y Miguel Otero Córdova— habrían sido objeto de represalias tras negarse a encubrir la pérdida de material de guerra, incluyendo un helicóptero, y por exigir sanciones ejemplares a los responsables. Las medidas adoptadas contra ellos incluyeron sanciones disciplinarias arbitrarias y su pase al retiro por “renovación”, aun contando con hojas de servicio destacadas.

La denuncia detalla que estas represalias constituyen un patrón de hostigamiento para silenciar a oficiales que se oponen a la corrupción. Entre los presuntos delitos denunciados figuran peculado, colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho, todos tipificados como graves delitos contra la administración pública.


Un aspecto adicional señalado es la presunta utilización de títulos y grados académicos falsos emitidos por la Universidad Alas Peruanas, lo que habría permitido ascensos irregulares a altos grados de la jerarquía militar. Asimismo, se denuncian favoritismos hacia oficiales femeninas mediante designaciones en el extranjero y ascensos, en aparente pago por vínculos sentimentales con oficiales de alta graduación.

El documento enfatiza que los hechos no solo afectarían la institucionalidad de la FAP, sino que también representan un riesgo para la transparencia en la gestión de los recursos de defensa nacional.

Los denunciantes solicitaron que el caso sea canalizado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, advirtiendo que algunos de los agraviados ya han recibido amenazas y coacciones, lo que refuerza la necesidad de medidas de protección inmediatas.

La denuncia presentada ante la Fiscalía de la Nación bajo el N.° 01657-DL-2025-02 ha puesto en evidencia un hecho de suma gravedad: la presunta desaparición de un helicóptero militar en la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Según el documento, el comandante FAP Julio Guillermo Díaz Izaguirre y otros oficiales habrían sido hostigados y sancionados de manera abusiva por negarse a encubrir esta pérdida de material bélico. La denuncia señala que las represalias incluyeron sanciones disciplinarias sin sustento y el pase al retiro por “renovación”, pese a que los oficiales contaban con trayectorias profesionales intachables.

El caso no solo apunta a la desaparición del helicóptero como un hecho irregular, sino que lo vincula a un entramado de corrupción y encubrimiento dentro de la alta oficialidad. Los denunciados —entre ellos Álvaro Gutiérrez Rey, Nilton Guido López Zúñiga, Javier Francisco Tryon Carbone, Roder Marinson Bravo Valera, Carlos Enrique Chávez Cateriano y Alfonso Javier Artadi Saletti— son acusados de haber actuado para ocultar responsabilidades y castigar a quienes exigieron transparencia. La Fiscalía deberá esclarecer si estos hechos configuran delitos de peculado, colusión y encubrimiento, lo que marcaría un precedente grave en la administración de la defensa nacional.

Entre las pruebas ofrecidas se incluyen actas de investigación preliminar sobre la pérdida del helicóptero, informes que habrían encubierto responsabilidades, resoluciones ministeriales de pase al retiro sin motivación, y denuncias previas presentadas ante el Congreso de la República y el Ministerio de Defensa.