Una decena de generales de la Fuerza Aérea aparece implicada en un escándalo de corrupción: permitieron que una empresa privada use la Base Aérea de Santa Clara sin contrato formal durante años, cobrando pagos clandestinos que fueron a parar directamente a sus bolsillos. Documentos de la propia empresa prueban los desembolsos. La FAP, víctima de sus propios altos mandos.
Según documentos, desde noviembre de 2018 hasta abril de 2024 se habría gestado un esquema de colusión agravada y organización criminal, que permitió desviar cerca de S/ 8 millones provenientes del alquiler de instalaciones y servicios de la Base Aérea Santa Clara (BACLA) – Loreto hacia cuentas privadas, en vez de ingresar a la cuenta recaudadora única de la institución.
Durante casi seis años, la Fuerza Aérea del Perú fue víctima de sus propios altos mandos. Documentos a los que accedió EXPRESO confirman que la empresa A&S Aviation Pacific – Helistar, de capitales colombianos, utilizó la Base Aérea Santa Clara (BACLA) en Loreto, pagando alrededor de 20 mil soles mensuales. Sin embargo, el dinero no ingresaba a las arcas institucionales, sino que era desviado a la firma privada Fast Business E.I.R.L., vinculada directamente a oficiales de la FAP.
La Inspectoría General, a cargo del general Mario Contreras León Carty, emplazó a los responsables tras comprobarse indicios graves de delito. La autorización de estos “alquileres por lo bajo” provino de la Comandancia General del ALAR N.° 5 en Iquitos, lo que compromete directamente a los mayores generales Jorge Erick Reátegui Bartra y Jimmy Andrés Enrique Sandoval Montenegro, así como a los coroneles Jorge Cornejo Vega y Juan Carlos Minaya Medina.
Fuentes militares señalan que los pagos eran repartidos para “fines sociales”, disfrazados como canastas navideñas, despedidas de fin de año y otros eventos internos. Sin embargo, gran parte del dinero terminaba en los bolsillos de los altos mandos, consolidando un esquema de corrupción sostenido en el tiempo.
La investigación también alcanza al comandante José Antonio Egusquiza Silupu y a los subalternos Jenry Gonzales Villavicencio y SO1 Anthony Bryan Meléndez Cabezas, todos ellos señalados de haber facilitado o encubierto la operación. La Fiscalía Anticorrupción ya cuenta con información de la empresa beneficiada y sus vínculos con anteriores procesos judiciales.
El “modus operandi”
De acuerdo con la denuncia, la empresa A&S Aviation Pacific S.A.C. – Helistar, de capitales colombianos, utilizó la base aérea sin contrato formal durante casi seis años. Los pagos, de aproximadamente 20 mil soles mensuales, fueron transferidos no a la FAP, sino a la empresa Fast Business E.I.R.L. (RUC 20587268293), en la cuenta bancaria N°747-3001492368/CCI N°003-747-003001492368-31.
El esquema habría contado con la coordinación y autorización de la Comandancia General del ALAR N.° 5 (Iquitos), además de la anuencia del hoy Comandante General de la FAP, Carlos Enrique Chávez Cateriano, “Cocorrata”. Según la denuncia, Chávez Cateriano ocupó en ese periodo cargos clave como Inspector General y luego Jefe del Estado Mayor General, con pleno conocimiento de las irregularidades.
Los oficiales implicados ALAR 5
Entre los señalados aparecen generales y coroneles que pasaron por el ALAR N.° 5, quienes habrían facilitado el us de las instalaciones. La denuncia también apunta al ciudadano colombiano Orlando Cabeza Peñaranda, propietario de Helistar y de la empresa Helistar Technical Center S.A.S. en Bogotá, y a sus representantes en Perú: primero Alex Flores Chalco, cuñado del ex jefe del CEMAE, general Aldo Domínguez Peralta, y actualmente Luis Prieto Rojas.
Flores Chalco incluso suscribió en 2023 un contrato por mantenimiento mayor de helicópteros Mi con la panameña Milenium Veladi Corp, que hasta la fecha no ha cumplido.
Aval irregular de la DGAC
La denuncia subraya que, en 2020, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) otorgó a Helistar el Certificado de Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA N°058), reconociendo a la BACLA como “Base Principal de Mantenimiento”, a pesar de que no existía contrato vigente con la FAP. Ello refuerza la hipótesis de un concierto de voluntades entre mandos militares, empresas privadas y autoridades aeronáuticas.
Responsabilidades y delitos
El hecho configuraría el delito de Colusión Agravada (art. 384° del Código Penal) y otros ilícitos contra la administración pública. La denuncia sostiene que el actual Comandante General Chávez Cateriano “sabía y conocía” del desvío de fondos, pero no lo detuvo, sino que lo encubrió por años.
El caso recién se destapó el 11 de septiembre de 2025, cuando el Inspector General de la FAP, teniente general Mario Contreras León Carty, abrió la investigación formal (documento NC-120-INIG-N° 0241).
Con ello, la FAP enfrenta uno de los escándalos de corrupción más graves en su historia reciente, que no solo compromete a sus altos mandos, sino también a empresas extranjeras y organismos civiles como la DGAC.
Este caso no solo expone un fraude económico contra la FAP, sino que revela cómo las propias autoridades militares han utilizado las instalaciones estratégicas de la institución para su beneficio personal, dejando en evidencia un grave patrón de corrupción estructural en la aviación militar peruana.
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