“La rampa dorada de Bravo: 6 millones en cutra desde el Grupo Aéreo 8”

 

Roder Bravo: del “Espada de Honor” a las sombras de la corrupción

“Hangar millonario: civiles pagaban, Bravo cobraba”

La trayectoria de Roder Bravo, nacido en 1964 y graduado como Espada de Honor en 1988, está plagada de méritos académicos y militares: piloto de bombardeo, instructor en diversas aeronaves, excomandante del Grupo Aéreo N.° 8 y hoy Director General de Educación y Doctrina de la FAP. Sin embargo, detrás de esta hoja de vida impecable se ciernen graves acusaciones: fuentes internas lo señalan como iniciador de un esquema clandestino de alquiler de rampas y hangares en el Grupo Aéreo N.° 8, que habría permitido desviar cerca de 6 millones de soles en tres años gracias a contactos dentro del G8, replicando viejas prácticas junto a Gurecky. Los reportes señalan que mensualmente se cobraban 200 mil soles a civiles, de los cuales apenas llegaban migajas a subalternos, mientras los retornos engrosaban bolsillos de oficiales en la cúpula.

El Inspector General de la FAP CONTRERAS LEON CARTY - otro corrupto, abrirá investigaciones, pero el nombre de Bravo no aparece mencionado, pese a las reiteradas denuncias. Para voces críticas, no se trata de un descuido: se estaría protegiendo su carrera para asumir como próximo Comandante General, sacrificando a otros oficiales para “cortar cabezas” y limpiar el camino. Así, la institución se enfrenta a un dilema: ¿cómo conciliar la imagen de un oficial con doctorados y programas de liderazgo con las denuncias que lo acusan de usar la institución para enriquecimiento ilícito? La respuesta no solo marcará el futuro de Bravo, sino también la credibilidad misma de la Fuerza Aérea del Perú.

El mecanismo de la “cutra” de Bravo en el Grupo Aéreo N.° 8

De acuerdo con fuentes internas de la FAP, cuando Roder Bravo asumió responsabilidades de mando en el Grupo Aéreo N.° 8, articuló junto a oficiales de confianza (como Gurecky, entonces CODE) un sistema clandestino de alquiler de infraestructura militar. El esquema consistía en alquilar rampas y espacios de los hangares a empresas privadas y operadores civiles sin contrato formal ni registro oficial. El monto pactado rondaba los 200 mil soles mensuales, bajo el concepto de “apoyo logístico”.

El dinero se recaudaba directamente de los civiles y se canalizaba en tres niveles:

1. Depósitos nominales: a cada civil se le debia entregar  2,000 soles mensuales, pero solo les dejaban 500 soles, como una especie de “pago de silencio”.

2. Retornos encubiertos: el resto del dinero se concentraba en una caja paralela, sin pasar por contabilidad institucional, y era administrado directamente por el círculo de Bravo.

3. Desvío sostenido: multiplicado por 80 civiles al año, este esquema generaba aproximadamente 1.5 millones de soles anuales, acumulando con alquileres y otros casi 6 millones en tres años.

La falta de contratos formales era deliberada: al no existir documentos, los ingresos no podían ser auditados ni supervisados por la Contraloría, permitiendo un flujo constante de dinero en efectivo para la cúpula del esquema. Según las fuentes, Bravo usó estos fondos para fortalecer su red de poder interna y financiar favores políticos, lo que explica su aparente intocabilidad en las investigaciones actuales.

“Las denuncias contra Rondón Llaza ponen en jaque la credibilidad de la FAP”

“Rondón Llaza: agresión familiar y nexos oscuros con el poder municipal”

Poder Judicial procesa a coronel de la FAP por violencia contra mujer y menor, en un caso que expone cómo las denuncias contra Rondón Llaza ponen en jaque la credibilidad de la FAP, al destaparse un entramado de violencia psicológica, familia oculta y vínculos políticos que revelan un patrón de conducta cuestionable; en este contexto, la transparencia militar queda en entredicho al tener a un oficial de alto rango bajo acusación judicial, evidenciando así el dilema ético de la FAP, cuyos mandos aparecen cada vez más implicados en denuncias graves que golpean la legitimidad de la institución.

En medio de un creciente malestar dentro de la Fuerza Aérea del Perú, el coronel Manfred Wilmar Rondón Llaza se encuentra comprometido en un caso judicial que desnuda la gravedad de su conducta privada y su impacto en la institucionalidad militar. Según documentos oficiales del 11° Juzgado de Familia de Lima, se le abrió un proceso especial de tutela por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, tras la denuncia presentada por DOÑA XXXXXX y una menor de edad. La resolución, dictada bajo el amparo de la Ley N.º 30364, ordenó la realización de pericias psicológicas a la madre y a la menor, así como una evaluación al propio Rondón Llaza, con el fin de establecer la magnitud del daño sufrido y la peligrosidad del denunciado.

El expediente judicial es contundente: las víctimas habrían sido sometidas a agresiones fisicas, psicológicas y económicas reiteradas, generando un riesgo severo para su estabilidad emocional e integridad. Lo más alarmante es que la menor habría presenciado episodios de violencia en su propio hogar, situación que agrava el impacto del maltrato y evidencia un cuadro de desprotección familiar alarmante. El oficial esta siendo procesado con las pruebas ya existentes, lo que revela la seriedad de la causa.

Pero las acusaciones no se detienen ahí. Testimonios recogidos en la investigación apuntan a que Rondón Llaza mantiene un hijo no reconocido formalmente y que en otra ocasión habría presionado a una expareja para interrumpir un embarazo, mientras mantenía relaciones paralelas con ambas mujeres. 

A ello se suma la comprobada existencia de una relación clandestina con una alta funcionaria pública de la Municipalidad de Lima y SERPAR, lo que abre la sospecha de que utilizó su posición institucional para construir alianzas irregulares con fines personales.

hasta la fecha Rondon no firma a su otro hijo - asi quiere ser general???? Que poca cosa 

Este patrón de violencia, ocultamiento familiar y relaciones encubiertas con el poder civil no es un asunto privado: erosiona la credibilidad de la FAP y contradice los más altos estándares éticos y morales que deberían regir a sus mandos. La pregunta que queda en el aire es directa: ¿cómo puede la Fuerza Aérea sostener disciplina y legitimidad cuando uno de sus coroneles enfrenta denuncias tan graves por agresión psicológica a una mujer, maltrato a una menor y conflictos de interés con el poder político local?

Buenos elementos de la Inspectoría no han tolerado los abusos y hoy ponen al escrutinio público el verdadero rostro de Manfred Rondón Llaza, un oficial señalado por múltiples denuncias judiciales y familiares que lo exhiben como un personaje corrupto y cuestionado dentro de la FAP. Estas revelaciones marcan un punto de quiebre, pues evidencian que incluso desde el interior de la propia institución hay voces que exigen transparencia, sanción y la erradicación de quienes utilizan el uniforme para encubrir violencia y actos irregulares.

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS PUBLICARÉ TODOS LOS INFORMES REMITIDOS DE DICHO DESPACHO 

MAYOR FAP SANCHEZ PEDEMONTE TEMPLADO DE CADETE DE PRIMER AÑO, MUEVE POR LO BAJO DOCUMENTOS Y LA ENVIA DE COMISION A USA

ESCÁNDALO EN LA EOFAP: DENUNCIAN TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y RELACIÓN IRREGULAR ENTRE MAYOR Y CADETE

La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (EOFAP) atraviesa una grave crisis institucional tras revelarse acusaciones contra el Mayor Sánchez Pedemonte, actual Segundo Jefe del Departamento de Formación Militar. Según denuncias internas, el oficial habría favorecido a la cadete de primer año Espino Cari, con quien mantiene una relación sentimental encubierta, otorgándole incluso una comisión al extranjero en los Estados Unidos. Esta situación vulnera directamente los reglamentos militares, que prohíben vínculos de carácter sentimental o extramatrimonial entre oficiales y cadetes en formación.

Las acusaciones también señalan que el Mayor Sánchez Pedemonte mantiene una conducta discriminatoria hacia cadetes varones, en especial aquellos que son hijos de técnicos de la institución, aplicando sanciones desproporcionadas e incluso promoviendo bajas bajo criterios arbitrarios. Mientras tanto, la cadete Espino Cari habría recibido un trato preferente, situación que ha generado un ambiente de indignación y reclamos por parte de alumnos y familiares.

El caso no se limita a una infracción ética: la denuncia formal fue presentada ante el Ministerio Público bajo la Carpeta Fiscal N.° 4069-2025, por abuso de autoridad, tortura psicológica, en la que se encuentran incluidos, además del Mayor Sánchez Pedemonte, otros oficiales de la institución, como el Mayor Peña Sánchez, el Capitán Jalisto Vigo, el Capitán Cruz Carpio y el propio Director General de la FAP, General Nelson Suárez Alayza. Los cargos van desde abuso de autoridad hasta discriminación y presunto tráfico de influencias.

Diversos sectores exigen una investigación exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos y determine responsabilidades. La situación reviste especial gravedad, pues no solo afecta la transparencia y la disciplina en la formación de futuros oficiales, sino que pone en entredicho la credibilidad de la institución castrense en su conjunto, debilitada en los últimos años por reiterados escándalos de corrupción y mal manejo administrativo.

Los tentáculos de Chávez Cateriano: Favorece a Rondón Llaza con títulos falsos, manipula ascensos y lava millones en el extranjero.

Escándalo en los ascensos de la Fuerza Aérea: favoritismos, títulos falsos y corrupción en la cúpula

Corrupción con sello militar y judicial: La FAP se hunde entre cartones falsos, pagos en dólares y empresas fantasmas.

El año pasado debió ascender el Coronel FAP Gustavo Sánchez Castro, espada de honor y número uno de su promoción en todos los ascensos. Sin embargo, su legítimo derecho fue desplazado por decisiones cuestionadas del Comandante General Chávez Cateriano, quien promovió a oficiales con antecedentes controvertidos. Entre ellos, al Coronel Echegaray, implicado en denuncias por irregularidades en el rancho cuando comandaba el Grupo Aéreo N.° 7 en Piura, y al Coronel Nilton Guido López, señalado por encubrir la pérdida de un helicóptero durante su gestión en la EFOPI N.° 51 y la opaca compra de los Alarus CH-2000.

La sombra de la corrupción se extiende aún más. Todo indica que Chávez Cateriano pretende repetir la maniobra: bloquear el ascenso de Sánchez Castro y favorecer al Coronel Rondón Llaza, cuya hoja de vida arrastra serias denuncias por haber obtenido títulos de maestría y doctorado falsos, negociados a través de personajes conocidos en la FAP, como Jessica Tapia, quien ofrecía grados académicos “a la carta”. El trasfondo es claro: un sistema viciado en el que se premia la obediencia y la complicidad, mientras se margina al mérito real.

Los tentáculos del poder alcanzan también al ámbito judicial. Se denuncia que la esposa del Coronel Bonifaz, funcionaria del Poder Judicial, habría facilitado pagos en dólares a fiscales para archivar investigaciones sensibles, entre ellas el caso de John Pomar, además de blindar a oficiales cuestionados. Esta red de protección es la razón por la que, pese a la pérdida de más de 2,000 ítems de armamento y 15,000 municiones —hechos que han alimentado la inseguridad y el crimen organizado en el país—, nadie de alto rango haya sido pasado al retiro.

Finalmente, fuentes revelan que Chávez Cateriano ya prepara su salida: habría viajado a Canadá para asegurar una casa valorizada en más de 600 mil dólares, gestionada con contratos irregulares desde la agregaduría militar con empresas estadounidenses. Incluso, obras como el hangar de LP presentan serias observaciones: de los 3 millones de dólares entregados por los americanos, solo se ejecutaron 600 mil, canalizados mediante una empresa fantasma que sirvió para engordar los bolsillos de los mismos altos mandos.

La historia se repite: una Fuerza Aérea debilitada por sus propios generales, en donde los ascensos se compran, las denuncias se archivan, y el mérito se sacrifica en nombre de la corrupción.

Jéssica Tapia, asesora académica de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, se ha convertido en colaboradora eficaz de la Fiscalía, revelando una trama de corrupción académica que compromete directamente a oficiales del Alto Mando de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

SACA CUERPO  - Y BUSCA COLABORACIÓN EFICAZ

Jéssica Tapia, asesora académica de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, se ha convertido en colaboradora eficaz de la Fiscalía, revelando una sofisticada red de corrupción académica que compromete directamente a oficiales del Alto Mando de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Según sus declaraciones, títulos de licenciatura, maestría y doctorado fueron falsificados o emitidos de manera irregular, permitiendo a oficiales inflar puntajes y acceder ilegalmente a ascensos, agregadurías y beneficios económicos, en abierta violación de los principios meritocráticos de la institución. Estas prácticas, lejos de ser casos aislados, habrían sido toleradas e incluso avaladas por altas autoridades militares, incluyendo al general Chávez Cateriano.

Lo más alarmante es que la Fiscalía ya cuenta con audios comprometedores donde operadores académicos coordinan la entrega de “cartones” apócrifos a oficiales que buscaban consolidar su carrera sin esfuerzo académico alguno. Entre los implicados figura el coronel FAP Manfred Rondón, señalado como principal operador interno encargado de gestionar y facilitar dichos títulos falsos para su propio beneficio y el de sus allegados. En los próximos días, la colaboradora eficaz pondrá a disposición del Ministerio Público los medios probatorios que confirman esta trama, entre ellos documentos, registros y comunicaciones, lo que podría abrir una nueva ola de investigaciones y sanciones por fraude académico y corrupción en el seno de la FAP.

De acuerdo con la información oficial registrada en la SUNEDU, los títulos y grados académicos del coronel FAP Manfred Wilmar Rondón Llaza presentan serias inconsistencias que ponen en duda su legalidad. Según los registros, el diploma de maestría en Administración y Dirección de Empresas fue emitido recién el 21 de abril de 2017, pese a que las fechas de matrícula y egreso consignadas corresponden a los años 2013 y 2013-2015 respectivamente. Lo más grave surge al revisar el grado de doctor en Ciencias de la Educación otorgado por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, pues la constancia señala que la matrícula al doctorado se inició en marzo de 2017, cuando aún su título de maestría no había sido emitido oficialmente, lo que contraviene el marco legal vigente.

La normativa peruana establece de manera expresa que para acceder a un programa de doctorado es requisito indispensable contar previamente con el grado de maestro debidamente registrado en SUNEDU. En consecuencia, resulta jurídicamente imposible que Rondón Llaza haya podido iniciar estudios doctorales antes de obtener la resolución oficial que le otorgaba el grado de maestría. Estas incongruencias en las fechas no solo restan validez a la secuencia académica registrada, sino que abren la puerta del fraude documental y falsedad ideológica, delitos que deberán ser esclarecidos por el Ministerio Público y las instancias competentes.

Altos mandos bajo sospecha

Las primeras investigaciones indicarían que varios generales, coroneles y comandantes de la FAP obtuvieron de manera fraudulenta sus maestrías y doctorados gracias a esta mafia académica. La gravedad del asunto no solo compromete la legalidad de sus títulos, sino que pone en cuestión la legitimidad de sus ascensos y permanencia en el servicio activo.

De confirmarse los delitos:

• Todos los ascensos basados en títulos apócrifos serían declarados nulos.
• Los oficiales involucrados deberían ser pasados al retiro inmediato.
• Abren procesos penales por los delitos de falsedad ideológica, fraude académico, corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir.

La vergüenza institucional

Este nuevo escándalo amenaza con desacreditar aún más a la FAP, institución ya golpeada por denuncias recientes de direccionamiento de contratos, desvío de presupuestos y agregadurías diplomáticas entregadas por favoritismo.

La población exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares: el respeto a la carrera militar y la dignidad del uniforme no pueden seguir siendo pisoteados por quienes deberían ser ejemplo de honor y servicio a la patria.

Mientras tanto, Jéssica Tapia, armada de documentos, audios y nombres, ha puesto a temblar los cimientos de la cúpula militar, en un caso que podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción académica y militar en la historia reciente del Perú.

y miren nada mas, donde recibió su doctorado este señor, si nunca asistió a clases --- ojo ello ya se advirtió en una publicación anterior https://cazandoalcorrupto.blogspot.com/2025/03/doctorado-y-maestria-de-coronel-fap.html 

“Conflicto de interés en la Fuerza Aérea: General Contreras en reuniones privadas con empresa Helicentro investigada por desfalco”

Inspector General de la FAP en la mira: vínculos con Helicentro lo descalifican para investigar millonario desvío”

El supuesto guardián  bajo sospecha: Inspector General de la FAP Contreras Leon pierde idoneidad por fuertes nexos con Helicentro” - miren el siguiente video

El Teniente General Mario Contreras León Carty, actual Inspector General de la Fuerza Aérea del Perú, se encuentra en el centro de cuestionamientos graves que comprometen su imparcialidad y objetividad. Han surgido evidencias gráficas que lo muestran en reuniones sociales a bordo de un yate con los dueños de la empresa Helicentro y otros gerentes vinculados, compañía directamente involucrada en contratos y convenios con el SEMAN y la FAP que hoy son materia de investigación por el presunto desvío de más de 8 millones de soles. Este hecho, por sí mismo, constituye un claro conflicto de interés, pues erosiona la mínima confianza institucional en su rol como garante del control interno.

En consecuencia, resulta inaceptable que el Gral. Contreras continúe dirigiendo o supervisando la investigación de estos hechos. Bajo el principio de imparcialidad (art. 139 inc. 3 de la Constitución) y el principio de probidad administrativa recogido en la Ley del Código de Ética de la Función Pública, debe exigirse su inhibición inmediata de todo proceso en curso. Al mismo tiempo, corresponde remitir la totalidad de la documentación y evidencias a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría General de la República, a fin de garantizar un control externo independiente y evitar cualquier posibilidad de encubrimiento institucional. La permanencia del Inspector General en estas funciones no solo vulnera la transparencia de la investigación, sino que expone a la FAP a un grave descrédito público y compromete la responsabilidad administrativa y penal de su alto mando.

He aqui el que investiga TEN Gneral fap Contras Leon con el investigado y dueños del a empresa Helicentro

El Teniente General Mario Contreras León Carty, actual Inspector General de la Fuerza Aérea del Perú, no solo enfrenta cuestionamientos por su cercanía con los dueños de la empresa Helicentro, sino que además habría recibido más de 200 mil soles a cambio de hacerse de la vista gorda en procesos de investigación interna relacionados con contratos irregulares y convenios lesivos para el Estado. Esta sospecha refuerza el grave conflicto de interés que pesa sobre él, pues se trata del funcionario llamado a velar por la transparencia y probidad dentro de la institución.

Este flujo de dinero irregular, estaríamos ante un caso de cohecho pasivo propio y encubrimiento, delitos sancionados en el Código Penal peruano con penas privativas de libertad y la inhabilitación definitiva para ejercer cargo público. Por ello, la inhibición inmediata de Contreras en toda investigación vinculada a Helicentro resulta indispensable, y al mismo tiempo, debe remitirse las evidencias a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría General de la República, a fin de que se determine su responsabilidad administrativa y penal. La gravedad de los hechos no solo compromete la honorabilidad de la Inspectoría General, sino que arrastra a toda la FAP a un escenario de descrédito institucional sin precedentes.

DATITO: Las sombras de corrupción alcanzan a los más altos mandos, y las denuncias ciudadanas apuntan directamente contra quienes debieron ser garantes de la transparencia. Fuentes internas sostienen que el General Mario Contreras León Carty habría robado a diestra y siniestra cuando se desempeñaba como Director de HCA, beneficiándose irregularmente y consolidándose como el “lambiscón” del entonces Comandante General Dante Arévalo Abate. Estas versiones, que hoy resurgen con fuerza, refuerzan la necesidad de que la Fiscalía y la Contraloría actúen con firmeza, pues de lo contrario, los mismos generales seguirán blindándose y extendiendo una red de impunidad que degrada a toda la institución.