“La rampa dorada de Bravo: 6 millones en cutra desde el Grupo Aéreo 8”

 

Roder Bravo: del “Espada de Honor” a las sombras de la corrupción

“Hangar millonario: civiles pagaban, Bravo cobraba”

La trayectoria de Roder Bravo, nacido en 1964 y graduado como Espada de Honor en 1988, está plagada de méritos académicos y militares: piloto de bombardeo, instructor en diversas aeronaves, excomandante del Grupo Aéreo N.° 8 y hoy Director General de Educación y Doctrina de la FAP. Sin embargo, detrás de esta hoja de vida impecable se ciernen graves acusaciones: fuentes internas lo señalan como iniciador de un esquema clandestino de alquiler de rampas y hangares en el Grupo Aéreo N.° 8, que habría permitido desviar cerca de 6 millones de soles en tres años gracias a contactos dentro del G8, replicando viejas prácticas junto a Gurecky. Los reportes señalan que mensualmente se cobraban 200 mil soles a civiles, de los cuales apenas llegaban migajas a subalternos, mientras los retornos engrosaban bolsillos de oficiales en la cúpula.

El Inspector General de la FAP CONTRERAS LEON CARTY - otro corrupto, abrirá investigaciones, pero el nombre de Bravo no aparece mencionado, pese a las reiteradas denuncias. Para voces críticas, no se trata de un descuido: se estaría protegiendo su carrera para asumir como próximo Comandante General, sacrificando a otros oficiales para “cortar cabezas” y limpiar el camino. Así, la institución se enfrenta a un dilema: ¿cómo conciliar la imagen de un oficial con doctorados y programas de liderazgo con las denuncias que lo acusan de usar la institución para enriquecimiento ilícito? La respuesta no solo marcará el futuro de Bravo, sino también la credibilidad misma de la Fuerza Aérea del Perú.

El mecanismo de la “cutra” de Bravo en el Grupo Aéreo N.° 8

De acuerdo con fuentes internas de la FAP, cuando Roder Bravo asumió responsabilidades de mando en el Grupo Aéreo N.° 8, articuló junto a oficiales de confianza (como Gurecky, entonces CODE) un sistema clandestino de alquiler de infraestructura militar. El esquema consistía en alquilar rampas y espacios de los hangares a empresas privadas y operadores civiles sin contrato formal ni registro oficial. El monto pactado rondaba los 200 mil soles mensuales, bajo el concepto de “apoyo logístico”.

El dinero se recaudaba directamente de los civiles y se canalizaba en tres niveles:

1. Depósitos nominales: a cada civil se le debia entregar  2,000 soles mensuales, pero solo les dejaban 500 soles, como una especie de “pago de silencio”.

2. Retornos encubiertos: el resto del dinero se concentraba en una caja paralela, sin pasar por contabilidad institucional, y era administrado directamente por el círculo de Bravo.

3. Desvío sostenido: multiplicado por 80 civiles al año, este esquema generaba aproximadamente 1.5 millones de soles anuales, acumulando con alquileres y otros casi 6 millones en tres años.

La falta de contratos formales era deliberada: al no existir documentos, los ingresos no podían ser auditados ni supervisados por la Contraloría, permitiendo un flujo constante de dinero en efectivo para la cúpula del esquema. Según las fuentes, Bravo usó estos fondos para fortalecer su red de poder interna y financiar favores políticos, lo que explica su aparente intocabilidad en las investigaciones actuales.

“Las denuncias contra Rondón Llaza ponen en jaque la credibilidad de la FAP”

“Rondón Llaza: agresión familiar y nexos oscuros con el poder municipal”

Poder Judicial procesa a coronel de la FAP por violencia contra mujer y menor, en un caso que expone cómo las denuncias contra Rondón Llaza ponen en jaque la credibilidad de la FAP, al destaparse un entramado de violencia psicológica, familia oculta y vínculos políticos que revelan un patrón de conducta cuestionable; en este contexto, la transparencia militar queda en entredicho al tener a un oficial de alto rango bajo acusación judicial, evidenciando así el dilema ético de la FAP, cuyos mandos aparecen cada vez más implicados en denuncias graves que golpean la legitimidad de la institución.

En medio de un creciente malestar dentro de la Fuerza Aérea del Perú, el coronel Manfred Wilmar Rondón Llaza se encuentra comprometido en un caso judicial que desnuda la gravedad de su conducta privada y su impacto en la institucionalidad militar. Según documentos oficiales del 11° Juzgado de Familia de Lima, se le abrió un proceso especial de tutela por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, tras la denuncia presentada por DOÑA XXXXXX y una menor de edad. La resolución, dictada bajo el amparo de la Ley N.º 30364, ordenó la realización de pericias psicológicas a la madre y a la menor, así como una evaluación al propio Rondón Llaza, con el fin de establecer la magnitud del daño sufrido y la peligrosidad del denunciado.

El expediente judicial es contundente: las víctimas habrían sido sometidas a agresiones fisicas, psicológicas y económicas reiteradas, generando un riesgo severo para su estabilidad emocional e integridad. Lo más alarmante es que la menor habría presenciado episodios de violencia en su propio hogar, situación que agrava el impacto del maltrato y evidencia un cuadro de desprotección familiar alarmante. El oficial esta siendo procesado con las pruebas ya existentes, lo que revela la seriedad de la causa.

Pero las acusaciones no se detienen ahí. Testimonios recogidos en la investigación apuntan a que Rondón Llaza mantiene un hijo no reconocido formalmente y que en otra ocasión habría presionado a una expareja para interrumpir un embarazo, mientras mantenía relaciones paralelas con ambas mujeres. 

A ello se suma la comprobada existencia de una relación clandestina con una alta funcionaria pública de la Municipalidad de Lima y SERPAR, lo que abre la sospecha de que utilizó su posición institucional para construir alianzas irregulares con fines personales.

hasta la fecha Rondon no firma a su otro hijo - asi quiere ser general???? Que poca cosa 

Este patrón de violencia, ocultamiento familiar y relaciones encubiertas con el poder civil no es un asunto privado: erosiona la credibilidad de la FAP y contradice los más altos estándares éticos y morales que deberían regir a sus mandos. La pregunta que queda en el aire es directa: ¿cómo puede la Fuerza Aérea sostener disciplina y legitimidad cuando uno de sus coroneles enfrenta denuncias tan graves por agresión psicológica a una mujer, maltrato a una menor y conflictos de interés con el poder político local?

Buenos elementos de la Inspectoría no han tolerado los abusos y hoy ponen al escrutinio público el verdadero rostro de Manfred Rondón Llaza, un oficial señalado por múltiples denuncias judiciales y familiares que lo exhiben como un personaje corrupto y cuestionado dentro de la FAP. Estas revelaciones marcan un punto de quiebre, pues evidencian que incluso desde el interior de la propia institución hay voces que exigen transparencia, sanción y la erradicación de quienes utilizan el uniforme para encubrir violencia y actos irregulares.

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS PUBLICARÉ TODOS LOS INFORMES REMITIDOS DE DICHO DESPACHO 

MAYOR FAP SANCHEZ PEDEMONTE TEMPLADO DE CADETE DE PRIMER AÑO, MUEVE POR LO BAJO DOCUMENTOS Y LA ENVIA DE COMISION A USA

ESCÁNDALO EN LA EOFAP: DENUNCIAN TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y RELACIÓN IRREGULAR ENTRE MAYOR Y CADETE

La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (EOFAP) atraviesa una grave crisis institucional tras revelarse acusaciones contra el Mayor Sánchez Pedemonte, actual Segundo Jefe del Departamento de Formación Militar. Según denuncias internas, el oficial habría favorecido a la cadete de primer año Espino Cari, con quien mantiene una relación sentimental encubierta, otorgándole incluso una comisión al extranjero en los Estados Unidos. Esta situación vulnera directamente los reglamentos militares, que prohíben vínculos de carácter sentimental o extramatrimonial entre oficiales y cadetes en formación.

Las acusaciones también señalan que el Mayor Sánchez Pedemonte mantiene una conducta discriminatoria hacia cadetes varones, en especial aquellos que son hijos de técnicos de la institución, aplicando sanciones desproporcionadas e incluso promoviendo bajas bajo criterios arbitrarios. Mientras tanto, la cadete Espino Cari habría recibido un trato preferente, situación que ha generado un ambiente de indignación y reclamos por parte de alumnos y familiares.

El caso no se limita a una infracción ética: la denuncia formal fue presentada ante el Ministerio Público bajo la Carpeta Fiscal N.° 4069-2025, por abuso de autoridad, tortura psicológica, en la que se encuentran incluidos, además del Mayor Sánchez Pedemonte, otros oficiales de la institución, como el Mayor Peña Sánchez, el Capitán Jalisto Vigo, el Capitán Cruz Carpio y el propio Director General de la FAP, General Nelson Suárez Alayza. Los cargos van desde abuso de autoridad hasta discriminación y presunto tráfico de influencias.

Diversos sectores exigen una investigación exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos y determine responsabilidades. La situación reviste especial gravedad, pues no solo afecta la transparencia y la disciplina en la formación de futuros oficiales, sino que pone en entredicho la credibilidad de la institución castrense en su conjunto, debilitada en los últimos años por reiterados escándalos de corrupción y mal manejo administrativo.

Los tentáculos de Chávez Cateriano: Favorece a Rondón Llaza con títulos falsos, manipula ascensos y lava millones en el extranjero.

Escándalo en los ascensos de la Fuerza Aérea: favoritismos, títulos falsos y corrupción en la cúpula

Corrupción con sello militar y judicial: La FAP se hunde entre cartones falsos, pagos en dólares y empresas fantasmas.

El año pasado debió ascender el Coronel FAP Gustavo Sánchez Castro, espada de honor y número uno de su promoción en todos los ascensos. Sin embargo, su legítimo derecho fue desplazado por decisiones cuestionadas del Comandante General Chávez Cateriano, quien promovió a oficiales con antecedentes controvertidos. Entre ellos, al Coronel Echegaray, implicado en denuncias por irregularidades en el rancho cuando comandaba el Grupo Aéreo N.° 7 en Piura, y al Coronel Nilton Guido López, señalado por encubrir la pérdida de un helicóptero durante su gestión en la EFOPI N.° 51 y la opaca compra de los Alarus CH-2000.

La sombra de la corrupción se extiende aún más. Todo indica que Chávez Cateriano pretende repetir la maniobra: bloquear el ascenso de Sánchez Castro y favorecer al Coronel Rondón Llaza, cuya hoja de vida arrastra serias denuncias por haber obtenido títulos de maestría y doctorado falsos, negociados a través de personajes conocidos en la FAP, como Jessica Tapia, quien ofrecía grados académicos “a la carta”. El trasfondo es claro: un sistema viciado en el que se premia la obediencia y la complicidad, mientras se margina al mérito real.

Los tentáculos del poder alcanzan también al ámbito judicial. Se denuncia que la esposa del Coronel Bonifaz, funcionaria del Poder Judicial, habría facilitado pagos en dólares a fiscales para archivar investigaciones sensibles, entre ellas el caso de John Pomar, además de blindar a oficiales cuestionados. Esta red de protección es la razón por la que, pese a la pérdida de más de 2,000 ítems de armamento y 15,000 municiones —hechos que han alimentado la inseguridad y el crimen organizado en el país—, nadie de alto rango haya sido pasado al retiro.

Finalmente, fuentes revelan que Chávez Cateriano ya prepara su salida: habría viajado a Canadá para asegurar una casa valorizada en más de 600 mil dólares, gestionada con contratos irregulares desde la agregaduría militar con empresas estadounidenses. Incluso, obras como el hangar de LP presentan serias observaciones: de los 3 millones de dólares entregados por los americanos, solo se ejecutaron 600 mil, canalizados mediante una empresa fantasma que sirvió para engordar los bolsillos de los mismos altos mandos.

La historia se repite: una Fuerza Aérea debilitada por sus propios generales, en donde los ascensos se compran, las denuncias se archivan, y el mérito se sacrifica en nombre de la corrupción.

Jéssica Tapia, asesora académica de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, se ha convertido en colaboradora eficaz de la Fiscalía, revelando una trama de corrupción académica que compromete directamente a oficiales del Alto Mando de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

SACA CUERPO  - Y BUSCA COLABORACIÓN EFICAZ

Jéssica Tapia, asesora académica de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, se ha convertido en colaboradora eficaz de la Fiscalía, revelando una sofisticada red de corrupción académica que compromete directamente a oficiales del Alto Mando de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Según sus declaraciones, títulos de licenciatura, maestría y doctorado fueron falsificados o emitidos de manera irregular, permitiendo a oficiales inflar puntajes y acceder ilegalmente a ascensos, agregadurías y beneficios económicos, en abierta violación de los principios meritocráticos de la institución. Estas prácticas, lejos de ser casos aislados, habrían sido toleradas e incluso avaladas por altas autoridades militares, incluyendo al general Chávez Cateriano.

Lo más alarmante es que la Fiscalía ya cuenta con audios comprometedores donde operadores académicos coordinan la entrega de “cartones” apócrifos a oficiales que buscaban consolidar su carrera sin esfuerzo académico alguno. Entre los implicados figura el coronel FAP Manfred Rondón, señalado como principal operador interno encargado de gestionar y facilitar dichos títulos falsos para su propio beneficio y el de sus allegados. En los próximos días, la colaboradora eficaz pondrá a disposición del Ministerio Público los medios probatorios que confirman esta trama, entre ellos documentos, registros y comunicaciones, lo que podría abrir una nueva ola de investigaciones y sanciones por fraude académico y corrupción en el seno de la FAP.

De acuerdo con la información oficial registrada en la SUNEDU, los títulos y grados académicos del coronel FAP Manfred Wilmar Rondón Llaza presentan serias inconsistencias que ponen en duda su legalidad. Según los registros, el diploma de maestría en Administración y Dirección de Empresas fue emitido recién el 21 de abril de 2017, pese a que las fechas de matrícula y egreso consignadas corresponden a los años 2013 y 2013-2015 respectivamente. Lo más grave surge al revisar el grado de doctor en Ciencias de la Educación otorgado por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, pues la constancia señala que la matrícula al doctorado se inició en marzo de 2017, cuando aún su título de maestría no había sido emitido oficialmente, lo que contraviene el marco legal vigente.

La normativa peruana establece de manera expresa que para acceder a un programa de doctorado es requisito indispensable contar previamente con el grado de maestro debidamente registrado en SUNEDU. En consecuencia, resulta jurídicamente imposible que Rondón Llaza haya podido iniciar estudios doctorales antes de obtener la resolución oficial que le otorgaba el grado de maestría. Estas incongruencias en las fechas no solo restan validez a la secuencia académica registrada, sino que abren la puerta del fraude documental y falsedad ideológica, delitos que deberán ser esclarecidos por el Ministerio Público y las instancias competentes.

Altos mandos bajo sospecha

Las primeras investigaciones indicarían que varios generales, coroneles y comandantes de la FAP obtuvieron de manera fraudulenta sus maestrías y doctorados gracias a esta mafia académica. La gravedad del asunto no solo compromete la legalidad de sus títulos, sino que pone en cuestión la legitimidad de sus ascensos y permanencia en el servicio activo.

De confirmarse los delitos:

• Todos los ascensos basados en títulos apócrifos serían declarados nulos.
• Los oficiales involucrados deberían ser pasados al retiro inmediato.
• Abren procesos penales por los delitos de falsedad ideológica, fraude académico, corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir.

La vergüenza institucional

Este nuevo escándalo amenaza con desacreditar aún más a la FAP, institución ya golpeada por denuncias recientes de direccionamiento de contratos, desvío de presupuestos y agregadurías diplomáticas entregadas por favoritismo.

La población exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares: el respeto a la carrera militar y la dignidad del uniforme no pueden seguir siendo pisoteados por quienes deberían ser ejemplo de honor y servicio a la patria.

Mientras tanto, Jéssica Tapia, armada de documentos, audios y nombres, ha puesto a temblar los cimientos de la cúpula militar, en un caso que podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción académica y militar en la historia reciente del Perú.

y miren nada mas, donde recibió su doctorado este señor, si nunca asistió a clases --- ojo ello ya se advirtió en una publicación anterior https://cazandoalcorrupto.blogspot.com/2025/03/doctorado-y-maestria-de-coronel-fap.html 

“Conflicto de interés en la Fuerza Aérea: General Contreras en reuniones privadas con empresa Helicentro investigada por desfalco”

Inspector General de la FAP en la mira: vínculos con Helicentro lo descalifican para investigar millonario desvío”

El supuesto guardián  bajo sospecha: Inspector General de la FAP Contreras Leon pierde idoneidad por fuertes nexos con Helicentro” - miren el siguiente video

El Teniente General Mario Contreras León Carty, actual Inspector General de la Fuerza Aérea del Perú, se encuentra en el centro de cuestionamientos graves que comprometen su imparcialidad y objetividad. Han surgido evidencias gráficas que lo muestran en reuniones sociales a bordo de un yate con los dueños de la empresa Helicentro y otros gerentes vinculados, compañía directamente involucrada en contratos y convenios con el SEMAN y la FAP que hoy son materia de investigación por el presunto desvío de más de 8 millones de soles. Este hecho, por sí mismo, constituye un claro conflicto de interés, pues erosiona la mínima confianza institucional en su rol como garante del control interno.

En consecuencia, resulta inaceptable que el Gral. Contreras continúe dirigiendo o supervisando la investigación de estos hechos. Bajo el principio de imparcialidad (art. 139 inc. 3 de la Constitución) y el principio de probidad administrativa recogido en la Ley del Código de Ética de la Función Pública, debe exigirse su inhibición inmediata de todo proceso en curso. Al mismo tiempo, corresponde remitir la totalidad de la documentación y evidencias a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría General de la República, a fin de garantizar un control externo independiente y evitar cualquier posibilidad de encubrimiento institucional. La permanencia del Inspector General en estas funciones no solo vulnera la transparencia de la investigación, sino que expone a la FAP a un grave descrédito público y compromete la responsabilidad administrativa y penal de su alto mando.

He aqui el que investiga TEN Gneral fap Contras Leon con el investigado y dueños del a empresa Helicentro

El Teniente General Mario Contreras León Carty, actual Inspector General de la Fuerza Aérea del Perú, no solo enfrenta cuestionamientos por su cercanía con los dueños de la empresa Helicentro, sino que además habría recibido más de 200 mil soles a cambio de hacerse de la vista gorda en procesos de investigación interna relacionados con contratos irregulares y convenios lesivos para el Estado. Esta sospecha refuerza el grave conflicto de interés que pesa sobre él, pues se trata del funcionario llamado a velar por la transparencia y probidad dentro de la institución.

Este flujo de dinero irregular, estaríamos ante un caso de cohecho pasivo propio y encubrimiento, delitos sancionados en el Código Penal peruano con penas privativas de libertad y la inhabilitación definitiva para ejercer cargo público. Por ello, la inhibición inmediata de Contreras en toda investigación vinculada a Helicentro resulta indispensable, y al mismo tiempo, debe remitirse las evidencias a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría General de la República, a fin de que se determine su responsabilidad administrativa y penal. La gravedad de los hechos no solo compromete la honorabilidad de la Inspectoría General, sino que arrastra a toda la FAP a un escenario de descrédito institucional sin precedentes.

DATITO: Las sombras de corrupción alcanzan a los más altos mandos, y las denuncias ciudadanas apuntan directamente contra quienes debieron ser garantes de la transparencia. Fuentes internas sostienen que el General Mario Contreras León Carty habría robado a diestra y siniestra cuando se desempeñaba como Director de HCA, beneficiándose irregularmente y consolidándose como el “lambiscón” del entonces Comandante General Dante Arévalo Abate. Estas versiones, que hoy resurgen con fuerza, refuerzan la necesidad de que la Fiscalía y la Contraloría actúen con firmeza, pues de lo contrario, los mismos generales seguirán blindándose y extendiendo una red de impunidad que degrada a toda la institución.

Helicentro y SEMAN: una alianza que huele a colusión y organización criminal

Generales, coroneles y exoficiales bajo sospecha de colusión y organización criminal

Convenios desde 2016 favorecieron a empresa privada con licitaciones millonarias en perjuicio de la FAP y del Estado

Por Rey Alice

La sombra de la corrupción vuelve a posarse sobre la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Una investigación preliminar revela que desde 2016 hasta la actualidad la compañía Helicentro Perú SAC se habría beneficiado de convenios irregulares con el Servicio de Mantenimiento de la FAP (SEMAN) y su filial SEMAN Perú SAC, obteniendo ventajas indebidas y usufructuando por más de 13 años las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas (Surco) y del propio SEMAN.

Convenio bajo sospecha

El primer convenio de cooperación técnica entre SEMAN y Helicentro fue suscrito en diciembre de 2016, cuando el comando del SEMAN estaba a cargo del general Wolfgang Dupeyrat Luque. Sorprendentemente, pocos meses después, en septiembre, fue reemplazado por el general Castro Renwick (fallecido), quien habría firmado bajo presión del entonces comandante general de la FAP, Dante Arévalo Abate.

El dato clave: Arévalo, en años anteriores, fue comandante del Grupo Aéreo N.° 3, cargo que antes ocupó el coronel Augusto Tenorio Domínguez, fundador y dueño de Helicentro. Así se habría tejido el círculo de favores que permitió a la empresa enquistarse en el corazón del SEMAN.

Un convenio que nunca funcionó

En teoría, el convenio SEMAN–Helicentro–Helicópteros de Rusia debía convertir al Perú en un hub de mantenimiento mayor para helicópteros Mi-8 y Mi-17, generando ingresos y desarrollo para la industria aeronáutica nacional. Sin embargo, lo que ocurrió fue muy distinto:

• Helicentro usufructuó instalaciones pagando un monto simbólico (“merced conductiva”) muy por debajo del costo real.

• El SEMAN no participó en reparaciones mayores, dejando todo el negocio a la empresa privada.

• Helicentro ganó millonarias licitaciones de reparación de aeronaves de la FAP, Ejército, Marina y PNP.

• Oficiales de la FAP, al pasar al retiro, terminaron trabajando para Helicentro, cerrando el círculo de retribución.

El rol de oficiales y generales

El actual Comandante General de la FAP, Carlos Enrique Chávez Cateriano, aparece en la línea de mando: fue comandante del SEMAN en 2018, asume el SEMAN. Se inaugura en Las Palmas un supuesto “centro de reparación” con Helicentro, que nunca operó en condiciones reales, luego presidente del directorio del SEMAN SAC en 2022, y hoy jefe máximo de la institución. Durante su gestión, se firmó un nuevo convenio con Helicentro en 2022 que nunca se activó, y en 2023 la compañía resultó ganadora de un contrato millonario para la reparación mayor de cuatro helicópteros rusos.

Gral. Carlos Enrique Chávez Cateriano tiene mucho que explicar ----- es un traidor a la patria

Exoficiales como el capitán (r) Carlos Enrique Haya Meléndez y el capitán FAP Celso Ruiz también han sido señalados como nexos que facilitaron información privilegiada a la empresa, mientras ocupaban cargos en el Grupo Aéreo N.° 3 o retornaban al servicio activo.

Posibles delitos

La denuncia pública pide que el Ministerio Público investigue a los responsables por:

• Colusión agravada (art. 384° del Código Penal).

• Organización criminal (Ley 30077).

• Peculado y negociación incompatible.

El esquema habría impedido que el SEMAN cumpla su misión institucional de reparar flota propia, delegando todo a Helicentro, empresa privada que multiplicó ganancias a costa de recursos públicos y de la soberanía logística de la FAP. 

“GENERALES ESTAFAN A LA FAP: COBRARON ‘POR LO BAJO’ EL ALQUILER DE BASE MILITAR”

Alquiler de base aérea fue desviado a cuentas privadas durante casi seis años

Una decena de generales de la Fuerza Aérea aparece implicada en un escándalo de corrupción: permitieron que una empresa privada use la Base Aérea de Santa Clara sin contrato formal durante años, cobrando pagos clandestinos que fueron a parar directamente a sus bolsillos. Documentos de la propia empresa prueban los desembolsos. La FAP, víctima de sus propios altos mandos.

Según documentos, desde noviembre de 2018 hasta abril de 2024 se habría gestado un esquema de colusión agravada y organización criminal, que permitió desviar cerca de S/ 8 millones provenientes del alquiler de instalaciones y servicios de la Base Aérea Santa Clara (BACLA) – Loreto hacia cuentas privadas, en vez de ingresar a la cuenta recaudadora única de la institución.

Durante casi seis años, la Fuerza Aérea del Perú fue víctima de sus propios altos mandos. Documentos a los que accedió EXPRESO confirman que la empresa A&S Aviation Pacific – Helistar, de capitales colombianos, utilizó la Base Aérea Santa Clara (BACLA) en Loreto, pagando alrededor de 20 mil soles mensuales. Sin embargo, el dinero no ingresaba a las arcas institucionales, sino que era desviado a la firma privada Fast Business E.I.R.L., vinculada directamente a oficiales de la FAP.

La Inspectoría General, a cargo del general Mario Contreras León Carty, emplazó a los responsables tras comprobarse indicios graves de delito. La autorización de estos “alquileres por lo bajo” provino de la Comandancia General del ALAR N.° 5 en Iquitos, lo que compromete directamente a los mayores generales Jorge Erick Reátegui Bartra y Jimmy Andrés Enrique Sandoval Montenegro, así como a los coroneles Jorge Cornejo Vega y Juan Carlos Minaya Medina.

Fuentes militares señalan que los pagos eran repartidos para “fines sociales”, disfrazados como canastas navideñas, despedidas de fin de año y otros eventos internos. Sin embargo, gran parte del dinero terminaba en los bolsillos de los altos mandos, consolidando un esquema de corrupción sostenido en el tiempo.

La investigación también alcanza al comandante José Antonio Egusquiza Silupu y a los subalternos Jenry Gonzales Villavicencio y SO1 Anthony Bryan Meléndez Cabezas, todos ellos señalados de haber facilitado o encubierto la operación. La Fiscalía Anticorrupción ya cuenta con información de la empresa beneficiada y sus vínculos con anteriores procesos judiciales.

El “modus operandi”

De acuerdo con la denuncia, la empresa A&S Aviation Pacific S.A.C. – Helistar, de capitales colombianos, utilizó la base aérea sin contrato formal durante casi seis años. Los pagos, de aproximadamente 20 mil soles mensuales, fueron transferidos no a la FAP, sino a la empresa Fast Business E.I.R.L. (RUC 20587268293), en la cuenta bancaria N°747-3001492368/CCI N°003-747-003001492368-31.

El esquema habría contado con la coordinación y autorización de la Comandancia General del ALAR N.° 5 (Iquitos), además de la anuencia del hoy Comandante General de la FAP, Carlos Enrique Chávez Cateriano, “Cocorrata”. Según la denuncia, Chávez Cateriano ocupó en ese periodo cargos clave como Inspector General y luego Jefe del Estado Mayor General, con pleno conocimiento de las irregularidades.

Los oficiales implicados ALAR 5

Entre los señalados aparecen generales y coroneles que pasaron por el ALAR N.° 5, quienes habrían facilitado el us de las instalaciones. La denuncia también apunta al ciudadano colombiano Orlando Cabeza Peñaranda, propietario de Helistar y de la empresa Helistar Technical Center S.A.S. en Bogotá, y a sus representantes en Perú: primero Alex Flores Chalco, cuñado del ex jefe del CEMAE, general Aldo Domínguez Peralta, y actualmente Luis Prieto Rojas.

Flores Chalco incluso suscribió en 2023 un contrato por mantenimiento mayor de helicópteros Mi con la panameña Milenium Veladi Corp, que hasta la fecha no ha cumplido.

Aval irregular de la DGAC

La denuncia subraya que, en 2020, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) otorgó a Helistar el Certificado de Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA N°058), reconociendo a la BACLA como “Base Principal de Mantenimiento”, a pesar de que no existía contrato vigente con la FAP. Ello refuerza la hipótesis de un concierto de voluntades entre mandos militares, empresas privadas y autoridades aeronáuticas.

Responsabilidades y delitos

El hecho configuraría el delito de Colusión Agravada (art. 384° del Código Penal) y otros ilícitos contra la administración pública. La denuncia sostiene que el actual Comandante General Chávez Cateriano “sabía y conocía” del desvío de fondos, pero no lo detuvo, sino que lo encubrió por años.

El caso recién se destapó el 11 de septiembre de 2025, cuando el Inspector General de la FAP, teniente general Mario Contreras León Carty, abrió la investigación formal (documento NC-120-INIG-N° 0241).

Con ello, la FAP enfrenta uno de los escándalos de corrupción más graves en su historia reciente, que no solo compromete a sus altos mandos, sino también a empresas extranjeras y organismos civiles como la DGAC.

Este caso no solo expone un fraude económico contra la FAP, sino que revela cómo las propias autoridades militares han utilizado las instalaciones estratégicas de la institución para su beneficio personal, dejando en evidencia un grave patrón de corrupción estructural en la aviación militar peruana.

COMUNICADO FAP ATENTA CONTRA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS APORTANTES AL FONDO DE VIVIENDA MILITAR FAP

 

Devolución de Aportes al FOVIMFAP es constiticional 

ALTO MANDO FAP ORDENA BLOQUEAR DEVOLUCIONES A LOS APORTANTES DEL FOVIMFAP

Debe precisarse que los aportes realizados por el personal militar al FOVIMFAP provienen de su propia remuneración. En tal sentido, estos descuentos revisten carácter de intangibilidad, conforme al artículo 24 de la Constitución Política del Perú, que establece la protección expresa de la remuneración y de sus derechos conexos. Es decir, los montos descontados no pueden ser destinados a fines ajenos a los intereses y bienestar del propio trabajador aportante.

El fondo fue creado con una finalidad específica: garantizar el acceso a vivienda y préstamos de carácter habitacional para los aportantes. Si dicha finalidad no se cumplió, ello genera la obligación jurídica de restituir lo aportado, en observancia de los principios de equidad, justicia contributiva y tutela patrimonial. De lo contrario, se configuraría un supuesto de enriquecimiento sin causa a favor de la administración, prohibido expresamente por la doctrina y el ordenamiento jurídico civil.

Ahora bien, frente a los alegatos de irretroactividad, debe recordarse que el artículo 103 de la Constitución admite la aplicación retroactiva de la norma en la medida en que esta favorezca al trabajador o al administrado en igualdad con el efecto retroactivo al reo, pues cae en una ficción jurídica ilógica que la norma beneficie a un imputado que al trabajador honesto. En la misma línea, el principio pro operario, recogido en el derecho laboral y constitucional, impone que toda interpretación normativa debe realizarse a favor del trabajador. Resultaría ilógico y contrario al principio de igualdad (artículo 2, inciso 2 de la Constitución) que la retroactividad opere únicamente cuando beneficia al Estado o al reo, y no cuando favorece al trabajador que es el verdadero titular de los aportes.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha precisado reiteradamente que el principio de protección del trabajador supone la primacía de la realidad y la prevalencia de los derechos previsionales frente a normas reglamentarias. En esa línea, ningún reglamento, como el del FOVIMFAP, puede situarse por encima de la ley ni mucho menos contradecir derechos constitucionales de carácter remunerativo y previsional - jerarquía de la ley y principio de legalidad.

En consecuencia, desde una perspectiva dogmática y hermenéutica jurídica, corresponde que se disponga la devolución íntegra de los aportes al FOVIMFAP a los miembros de la FAP que no fueron beneficiados con vivienda ni préstamos. Ello no solo responde a una obligación de legalidad, sino también al principio de justicia material, pues se trata de recursos propios del trabajador y no de la institución militar.

 Principio de Igualdad y Derecho a la No Discriminación en la Devolución de Aportes del FOVIMFAP

 En el marco constitucional, el artículo 2 inciso 2 de la Constitución Política del Perú consagra el derecho fundamental a la igualdad ante la ley y la prohibición de toda forma de discriminación. Este principio adquiere plena relevancia cuando se observa el trato diferenciado entre los fondos previsionales de los regímenes civiles y los fondos de vivienda militar y policial.

 En los regímenes civiles (como el Fondo Nacional de Vivienda – FONAVI), el Estado ha reconocido no solo la devolución de los aportes efectuados por los trabajadores, sino también el porcentaje aportado por el propio Estado. Por tanto, negar esta misma devolución a los militares y policías implica una vulneración directa al principio de igualdad, dado que se trata de fondos previsionales con idéntica naturaleza: recursos destinados a la satisfacción de necesidades básicas, como la vivienda, y que provienen de aportes obligatorios descontados de la remuneración de los trabajadores.

 Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la igualdad y la no discriminación constituyen normas de ius cogens, por lo que ninguna autoridad estatal puede establecer distinciones arbitrarias en el acceso a derechos previsionales. - si desean les doy clases privadas a los procu de la FAP, que poco o nada leen... y eso que no escribo aún de la jurisprudencia del TC.

Altos mandos de la FAP bajo la lupa: denuncian uso indebido de recursos del Estado para cirugías estéticas y tratamientos personales - Taberna de la Mañosa de Loreto

Escándalo en la FAP: denuncian uso de recursos del Estado para cirugías estéticas y tratamientos privados de ESPOSAS, FAMILIARES Y AMANTES DE altos mandos

Lima. 

Una grave denuncia involucra a altos mandos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por presunto uso irregular de recursos del Estado con fines personales, mientras que al personal subalterno se le niegan incluso insumos básicos de atención médica.

De acuerdo con testimonios recogidos, el general Carlos Enrique Chávez Cateriano habría ordenado que con fondos y facilidades de la institución se costearan operaciones estéticas a su esposa, Carla del Castillo, quien se sometió a una cirugía de senos. Asimismo, sus hijas también habrían recibido intervenciones estéticas de alto costo —implantes de senos, rinoplastia y gluteoplastia— con recursos que corresponderían al sistema de salud militar.

El caso no sería aislado. Se señala también al general Gambarini, quien de manera sistemática acude al sistema de salud de la FAP (ISOFAP) para realizarse arreglos odontológicos, entre ellos implantes de muela, blanqueamientos y mascarillas dentales, sin asumir ningún costo, pese a que dichos procedimientos no están cubiertos por el fondo de salud militar. Según la denuncia, sus tratamientos fueron registrados como “de bajada”, es decir, exonerados de pago.

En contraste, el personal subalterno denuncia la falta de insumos médicos básicos, llegando incluso a situaciones en las que no se cuenta con recursos ni para una simple curación de caries. Este trato desigual evidencia un presunto uso arbitrario y abusivo de privilegios por parte de los altos mandos, en perjuicio directo de la tropa y oficiales de menor rango.

Los hechos, de confirmarse, podrían configurar delitos de peculado y corrupción de funcionarios, al utilizar bienes y servicios del Estado para fines estrictamente particulares. La denuncia pide que el Ministerio Público y la Contraloría General de la República inicien investigaciones inmediatas, a fin de determinar las responsabilidades y sancionar a los implicados.

Estos hechos, se configurarían delitos graves contra la administración pública. El artículo 387 del Código Penal sanciona el delito de peculado al funcionario que se apropia o utiliza caudales o efectos cuya administración le ha sido confiada, con penas privativas de libertad de 8 a 12 años. Asimismo, el artículo 399 del Código Penal tipifica el uso indebido de cargo público y el tráfico de influencias, aplicables en casos en los que la autoridad se vale de su posición para obtener ventajas ilícitas.

Por otro lado, el artículo 382 del Código Penal establece que la colusión se configura cuando el funcionario concierta con interesados para defraudar al Estado, lo cual podría extenderse a la autorización irregular de procedimientos médicos ajenos a la cobertura oficial.

Finalmente, la situación expuesta vulnera principios de igualdad y probidad en la función pública recogidos en la Constitución Política del Perú (artículos 39 y 41), que obligan a los funcionarios a servir con honestidad y a responder penal y civilmente por actos de corrupción.

Exigencias de investigación

La denuncia solicita que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Contraloría General de la República inicien de inmediato una investigación exhaustiva, a fin de esclarecer las responsabilidades. De probarse la veracidad de los hechos, no solo se trataría de un mal uso de los recursos públicos, sino de un patrón de impunidad que refuerza las prácticas de corrupción en las Fuerzas Armadas, en detrimento del personal subalterno y del erario nacional.

DEJAMOS UN BONUS: 

Escándalos en La Joya: denuncian taberna clandestina, excesos y represalias en la Fuerza Aérea

Arequipa. Testimonios y documentos filtrados apuntan a que, en la base aérea de La Joya, se habrían producido graves hechos que comprometen la integridad institucional de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), cuando Catetot Chavez Cateriano estaba nombrado en esa Unidad. Entre las acusaciones se encuentra la existencia de una presunta taberna clandestina - donde se le tildaba de la tabernera a Carlita del Castillo, esposa de Cateto y amante de otros ofiicales: Esta Taberna fue organizada por el mismo Cateto, donde se vendía licor a discreción y se producían encuentros amorosos clandestinos - amantes furtivos, cuestionados entre miembros de la institución y civiles. entre los oficiales que se levantaron a LA MAÑOSA DE LORETO ESTA ALDITO BARAHONA QUIEN PROBO DE ESA MIEL. 

En ese contexto, se registró un violento incidente en el que un capitán golpeó a un mayor tras acusarlo de haberse propasado con su esposa. El hecho llegó a investigaciones internas y quedó registrado en informes que señalaban que los conflictos provenían de los excesos ocurridos en torno a dicha taberna. Sin embargo, tiempo después, el capitán que defendió su honor fue separado de la institución cuando el oficial cuestionado ascendió en el escalafón militar, lo que ha sido interpretado como un acto de represalia.

Durante estas reuniones de alto consumo de alcohol, varios oficiales salían a conducir en estado de ebriedad por la carretera Panamericana, situación que derivó en al menos un accidente fatal, manchando la disciplina y la seguridad propias de la institución.

Estas denuncias vuelven a poner en debate la falta de control en los entornos militares, donde la permisividad frente a excesos y la ausencia de sanciones firmes contribuyen a prácticas que no solo afectan la disciplina interna, sino que también ponen en riesgo vidas humanas.

“Altos mandos de la FAP implicados en desaparición de material bélico y represalias contra oficiales”

Denuncian a altos oficiales de la FAP por corrupción y represalias

Lima, 24 de setiembre - Unidad de investigación 

Una denuncia ingresada a la Fiscalía de la Nación bajo el N.° 01657-DL-2025-02 pone en el ojo público a un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), acusados de hostigamiento, abuso de autoridad y actos de corrupción en perjuicio de sus propios subordinados.

Los denunciados son Álvaro Gutiérrez Rey, Nilton Guido López Zúñiga, Javier Francisco Tryon Carbone, Roder Marinson Bravo Valera, Carlos Enrique Chávez Cateriano y Alfonso Javier Artadi Saletti, todos identificados como personas naturales y señalados como altos mandos de la institución militar. La denuncia también se dirige contra “quienes resulten responsables” de los hechos.

Según el documento, los agraviados —Julio Guillermo Díaz Izaguirre, Ángel Casso Segovia, Iván Díaz del Solar y Miguel Otero Córdova— habrían sido objeto de represalias tras negarse a encubrir la pérdida de material de guerra, incluyendo un helicóptero, y por exigir sanciones ejemplares a los responsables. Las medidas adoptadas contra ellos incluyeron sanciones disciplinarias arbitrarias y su pase al retiro por “renovación”, aun contando con hojas de servicio destacadas.

La denuncia detalla que estas represalias constituyen un patrón de hostigamiento para silenciar a oficiales que se oponen a la corrupción. Entre los presuntos delitos denunciados figuran peculado, colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho, todos tipificados como graves delitos contra la administración pública.

Un aspecto adicional señalado es la presunta utilización de títulos y grados académicos falsos emitidos por la Universidad Alas Peruanas, lo que habría permitido ascensos irregulares a altos grados de la jerarquía militar. Asimismo, se denuncian favoritismos hacia oficiales femeninas mediante designaciones en el extranjero y ascensos, en aparente pago por vínculos sentimentales con oficiales de alta graduación.

El documento enfatiza que los hechos no solo afectarían la institucionalidad de la FAP, sino que también representan un riesgo para la transparencia en la gestión de los recursos de defensa nacional.

Los denunciantes solicitaron que el caso sea canalizado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, advirtiendo que algunos de los agraviados ya han recibido amenazas y coacciones, lo que refuerza la necesidad de medidas de protección inmediatas.

La denuncia presentada ante la Fiscalía de la Nación bajo el N.° 01657-DL-2025-02 ha puesto en evidencia un hecho de suma gravedad: la presunta desaparición de un helicóptero militar en la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Según el documento, el comandante FAP Julio Guillermo Díaz Izaguirre y otros oficiales habrían sido hostigados y sancionados de manera abusiva por negarse a encubrir esta pérdida de material bélico. La denuncia señala que las represalias incluyeron sanciones disciplinarias sin sustento y el pase al retiro por “renovación”, pese a que los oficiales contaban con trayectorias profesionales intachables.

El caso no solo apunta a la desaparición del helicóptero como un hecho irregular, sino que lo vincula a un entramado de corrupción y encubrimiento dentro de la alta oficialidad. Los denunciados —entre ellos Álvaro Gutiérrez Rey, Nilton Guido López Zúñiga, Javier Francisco Tryon Carbone, Roder Marinson Bravo Valera, Carlos Enrique Chávez Cateriano y Alfonso Javier Artadi Saletti— son acusados de haber actuado para ocultar responsabilidades y castigar a quienes exigieron transparencia. La Fiscalía deberá esclarecer si estos hechos configuran delitos de peculado, colusión y encubrimiento, lo que marcaría un precedente grave en la administración de la defensa nacional.

Entre las pruebas ofrecidas se incluyen actas de investigación preliminar sobre la pérdida del helicóptero, informes que habrían encubierto responsabilidades, resoluciones ministeriales de pase al retiro sin motivación, y denuncias previas presentadas ante el Congreso de la República y el Ministerio de Defensa.

“De guardianes del cielo a mercaderes: oficiales de la FAP implicados en red de corrupción

CORRUPCIÓN AL MÁS ALTO VUELO EN LA FAP: DECLARACIÓN EN SEDE FISCAL PONE EN GRAVES APRIETOS AL ALTO MANDO

“Tryon y Cateriano: generales señalados en la mayor trama de corrupción militar aérea”

Lima, abril de 2025. Nuevos testimonios ante la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios destapan un caso de presunta colusión, peculado, abuso de autoridad, encubrimiento y represalias en el seno de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), relacionados con la adquisición irregular de drones entre 2020 y 2023.

El expiloto militar y hoy denunciante John Fabrizzio Pomar Pérez declaró que en 2020 se destinaron S/ 1 250 000 para la compra de aeronaves no tripuladas (RPAS), con el fin de atender emergencias y desastres naturales. Sin embargo, el proceso de adquisición fue direccionado: se elaboró un estudio definitivo que proponía cinco marcas internacionales, pero finalmente se adquirieron tres drones de la marca ADS – Action Drone System, inexistente en el informe técnico. Los equipos presentaron fallas graves: uno se estrelló en 2021, otro fue enviado a reparaciones y un tercero permanece inoperativo

Según el testimonio, el entonces general Ricardo Guerra Díaz y el coronel José Quintana Castrillón presionaron al comandante Carlos Rojas Montiel para que firmara la compra; al negarse, fue retirado y reemplazado por el comandante Alfredo Quiñones, quien avaló la operación. En 2022, bajo la dirección del mayor general Manuel Plasencia Miranda, se repitió el esquema: se adquirieron drones ADS por USD 70 000 cada uno, pese a que su valor real era de apenas USD 13 000. Nuevamente, los aparatos resultaron defectuosos. La empresa Sourcing Group fue contratada además para reparar equipos dañados, incrementando gastos injustificados

El denunciante también reveló que oficiales honestos que cuestionaron estas prácticas, como el coronel Sixto Salas Balbuena y el coronel Ángel Caso, fueron cambiados de puesto o invitados al retiro. El propio Pomar fue dado de baja en 2024 bajo la causal de “límite de veces sin alcanzar vacante de ascenso”, lo que considera una represalia ilegal. Según sus declaraciones, al menos 27 oficiales más habrían corrido la misma suerte en los últimos años por denunciar actos de corrupción

El caso involucra además al excomandante general Javier Tryon Carbone, quien habría reconocido públicamente ante oficiales que “el sistema es corrupto y si lo quieres cambiar, el sistema te va a sacar”. También se señala al comandante general Chávez Cateriano, acusado de encubrir compras irregulares y firmar pases al retiro de oficiales denunciantes

Posibles delitos identificados

• Colusión agravada: direccionamiento de adquisiciones en favor de empresas específicas.

• Peculado: mal uso de recursos públicos al comprar equipos sobrevalorados e inoperativos.

• Abuso de autoridad: represalias contra oficiales que se opusieron a la corrupción.

• Encubrimiento real y personal: manipulación de informes y ocultamiento de fallas técnicas.

• Hostigamiento laboral y represalias administrativas: bajas y cambios de puesto arbitrarios.

El testimonio, corroborado con documentos y testigos mencionados en la diligencia, compromete directamente a generales y coroneles de la FAP en una presunta red de corrupción que, además de despilfarrar millones del erario, ha debilitado las capacidades operativas de la institución en materia de vigilancia y reconocimiento aéreo.