El doble filo del entrenamiento militar: oficiales en actividad y el uso privado de la ciberseguridad

Operaciones “clandestinas” dentro de la FAP: denuncias señalan uso de ciberherramientas y violación del secreto de las comunicaciones

Entrenamiento militar bajo la lupa: cuando la ciberseguridad se convierte en riesgo - otros depredadores digitales en la FAP siguen en actividad y actúan bajo respaldo del Alto Mando

- CASO BARRERA Y LIVINTONG 

En las últimas semanas, han emergido serias acusaciones que ponen en tela de juicio los límites legales y éticos de las actividades de inteligencia realizadas por efectivos vinculados a la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Fuentes internas y documentos reservados advierten sobre la existencia de operaciones de netting, ciberseguridad ofensiva y monitoreo clandestino, prácticas conocidas en el argot como “coming”, “netting” y HUMINT que, según las denuncias, habrían sido empleadas sin la debida autorización judicial y con fines que excederían la seguridad institucional para transformarse en instrumentos de persecución, presión interna y de intereses personales.

Dentro de la Fuerza Aérea del Perú, programas de entrenamiento en netting, ciberseguridad y técnicas de inteligencia deberían servir para fortalecer la defensa nacional; sin embargo, denuncias internas sostienen que estos conocimientos han sido desviados hacia prácticas clandestinas, empleadas para espiar comunicaciones, intervenir redes sociales y hackear sistemas sin orden judicial contra oficiales del alto mando que están en contra de Chávez Cateriano. 

Lejos de constituir maniobras legítimas de seguridad, estas acciones evidencian un entrenamiento que, en la práctica, estas actividades de inteligencia FAP, estaría sirviendo de plataforma para conductas ilícitas. La paradoja es grave: oficiales capacitados con recursos del Estado para proteger al país, terminan señalados por utilizar esas mismas herramientas contra sus propios mandos y colegas críticos o para intereses personales, algunos hacen negocio y venden información, otros crean empresas utilizando la logística, equipos e información FAP, lo que devela un problema estructural de control y de ética institucional que exige respuestas inmediatas.

acaso Pollito Amarillo es el unico efecivo militar Fap entrenado, hay decenas, y algunos han sido relegados porque no aceptaron serviri a un grupo de oficiales que cometen ilictos...

el caso de Livintong, lo dejaremos para otra nota .... por ahora...

El caso de Chunga no es aislado; al igual que otros oficiales en actividad, evidencia un fenómeno preocupante: el aprovechamiento de conocimientos adquiridos dentro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para fines personales. Según denuncias internas, algunos efectivos de inteligencia A2 formados en áreas de ciberseguridad, netting e inteligencia estarían trasladando estas habilidades a la esfera privada, constituyendo empresas de fachada o de servicios tecnológicos que operan en el mercado civil. Lo grave no es solo la incompatibilidad ética de esta doble función, sino el hecho de que se señala el uso indebido de información sensible y recursos de la propia FAP como insumo para estas actividades, en beneficio económico personal.

Ello no solo contravendría los principios de la función pública y de la seguridad nacional, sino que configuraría un delito grave de abuso de autoridad, tráfico de información y enriquecimiento ilícito, socavando la confianza en la institución castrense. La ciberseguridad, que debería estar al servicio de la defensa del país, aparece así deformada en una herramienta para la renta privada de unos cuantos, alimentando la sospecha de mercenarismo digital desde dentro de las propias Fuerzas Armadas. Este patrón exige una investigación seria de la Inspectoría General y de la Fiscalía, pues lo que hoy se denuncia como un “negocio paralelo” de oficiales, mañana podría convertirse en una amenaza directa a la seguridad del Estado.

EN LA ACTUALIDAD VEMOS EL CASO DEL CAPITAN FAP Isaías Eduardo Barrera Santos

Un caso que genera alarma en los círculos de seguridad es este capitan, que presentándose como especialista en ciberseguridad, aún no culmina su carrera universitaria, pero se proyecta públicamente como experto y consultor. Según propios agentes de inteligencia FAP, habría vínculos con altos mandos de la FAP que le permitirían utilizar recursos estatales en actividades cuya transparencia es cuestionable, lo que abre interrogantes sobre el origen de los equipos, la información y las capacidades con las que opera. La polémica crece porque, más allá de ofrecer servicios de protección digital, también comercializa acceso a datos sensibles y trabajos de dudosa legalidad, lo que exige una investigación rigurosa sobre el alcance real de sus actividades y las posibles responsabilidades institucionales.

El caso expuesto refleja cómo ciertos individuos vinculados a la FAP, como Isaías Eduardo Barrera Santos, se presentan públicamente como especialistas en ciberseguridad pese a no haber culminado aún su formación profesional, mientras en paralelo se denuncia que operarían con recursos, información y equipos destinados a la seguridad nacional, lo cual plantea graves dudas sobre la procedencia de las herramientas que emplean y sobre la naturaleza real de los servicios que ofrecen, pues más allá de vender “ciberseguridad”, estarían comercializando acceso a información sensible del Estado, lo que evidencia no solo una falta de transparencia y profesionalismo, sino también un riesgo de mercenarismo digital que exige investigación penal y administrativa inmediata.