VENDIERON LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DEL PAIS: DIFAP Y ALTO MANDO DE LA FAP RECIBIERON CIENTOS DE MILES DE DOLARES POR PERMITIR QUE EMPRESA CHILENA OPERARA DENTRO DE INSTALACIONES MILITARES FAP

Espionaje chileno en la FAP: Fiscalía investiga infiltración en base aérea del Callao y negligencias de inteligencia militar - generales FAP se vendieron a los chilenos

Por Redacción Investigativa - REY ALICE | Lima, 14 de julio de 2025

En un hecho que sacude a la seguridad nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) han iniciado una investigación formal por presunto espionaje extranjero y tráfico de influencias en la base aérea Armando Revoredo Iglesias del Callao, tras revelarse que la empresa Puma Air SAC, con vínculos directos a un exmilitar chileno, operó durante años al interior de instalaciones estratégicas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Según el reportaje difundido por Panorama, la empresa, dedicada a servicios de transporte y mantenimiento aeronáutico, ingresó en 2020 a operar un taller en el Ala Aérea N.º 2 gracias a permisos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), pese a que la ley prohíbe la participación de capitales extranjeros en actividades que comprometen la seguridad nacional. El verdadero propietario en las sombras sería Walton Humberto Mery Pinto, exoficial de caballería del Ejército de Chile, cuya identidad figura en documentos oficiales obtenidos por este medio y que registra visitas personales a oficinas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para gestionar permisos bajo la figura de “demostraciones de aeronaves”.

Una infiltración facilitada

Documentos de la DGAC muestran que las autorizaciones firmadas en 2020 establecían como domicilio fiscal de Puma Air nada menos que el interior de la base militar del Callao, un activo crítico para la defensa nacional. Investigaciones periodísticas previas (Expreso, 2017) ya habían advertido sobre la opaca procedencia de fondos de hasta US$500.000 destinados a capitalizar a la empresa y señalaron que Mery Pinto utilizaba testaferros peruanos para esquivar las restricciones legales. Aunque en su momento el propio Mery Pinto y su entorno rechazaron las acusaciones mediante cartas notariales, la reciente evidencia confirma que su presencia en los negocios aeronáuticos peruanos nunca cesó.

FALENCIAS OPERATIVAS Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ (DIFAP) EN EL CASO DE INFILTRACIÓN EMPRESARIAL EXTRANJERA – CON ANEXO DOCUMENTAL

Antecedentes

La empresa Puma Air S.A.C., vinculada al ciudadano chileno y exoficial Walton Humberto Mery Pinto, obtuvo en 2020 permisos para operar en la base aérea Armando Revoredo Iglesias del Callao, pese a las restricciones legales sobre la participación de capital extranjero en instalaciones militares estratégicas. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió a la empresa el Certificado de Organización de Mantenimiento Aprobada N.° 099, indicando como base de mantenimiento dicha instalación militar. Esta situación no fue detectada ni cuestionada por la Dirección de Inteligencia de la FAP (DIFAP), a pesar de tratarse de un riesgo evidente para la seguridad nacional.

Evidencia documental adicional

Se incorpora como anexo el Certificado OMA N.° 099 expedido el 15 de mayo de 2024 por la DGAC, que acredita que la empresa Puma Air S.A.C. sigue informando oficialmente como su base de mantenimiento la Base MAG. FAP Armando Revoredo Iglesias – Ala Aérea N.° 2 – Callao – Perú, junto con la lista de capacidad (F3-MIA) vigente a diciembre de 2023, la cual respalda la operatividad en la mencionada base. Estos documentos ratifican la continuidad de las operaciones en instalaciones de la FAP, lo cual revela inacción institucional por parte de los mandos para remediar las irregularidades detectadas desde años atrás.

Implicancias jurídicas adicionales

Los nuevos documentos confirman que los mandos de la FAP y la DIFAP continúan tolerando esta situación, lo cual refuerza las hipótesis de:

• Responsabilidad administrativa por inobservancia grave de funciones.

• Posible colusión agravada al permitir ventajas indebidas a una empresa con capital extranjero.

• Potencial atentado contra la seguridad nacional, al no impedir la continuidad de una operación que compromete instalaciones estratégicas.

La omisión persistente de las autoridades de la FAP y de la DIFAP constituye una grave vulneración de los principios de seguridad nacional y probidad administrativa. La incorporación de la evidencia documental ratifica la existencia de hechos verificables y objetivos que demandan la apertura de procedimientos administrativos, penales y civiles contra los responsables. Además, se requiere la suspensión inmediata de la autorización para el uso de la base militar mientras se esclarezcan las responsabilidades y se adopten medidas correctivas.

El estudio BALVIN ABOGADOS, consultado sobre el caso, señaló: 

“Es una clara maniobra para burlar la ley. No basta tener un RUC peruano si los beneficiarios finales son extranjeros; en derecho importa la realidad económica y no la mera formalidad”.

Conforme al marco normativo peruano vigente, las repercusiones legales penales y civiles para los altos mandos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y de la Dirección de Inteligencia de la FAP (DIFAP) por su eventual participación o tolerancia en los hechos descritos pueden ser de alta gravedad, atendiendo a los bienes jurídicos comprometidos: la seguridad nacional, la administración pública y la probidad funcional.

1. Repercusiones penales

En primer lugar, la posible conducta desplegada por los altos mandos podría configurar varios delitos contra la administración pública y la seguridad nacional, tipificados en el Código Penal peruano.

a) Delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria

• Atentado contra la seguridad nacional (artículo 325):

Se sanciona con pena privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 25 años a quien “en situación de paz, comete actos que atenten contra la integridad territorial o la soberanía nacional, o proporcione información, medios o recursos a un Estado extranjero que puedan comprometer la defensa o seguridad nacional” 

Si los mandos omitieron deliberadamente su deber de control para permitir la infiltración de un exmilitar extranjero en instalaciones militares estratégicas, podría configurarse este delito.

b) Colusión agravada (artículo 384)

Si se acredita que los oficiales concertaron o se interesaron indebidamente en adjudicar contratos, permitir la instalación irregular de la empresa Puma Air en beneficio propio o de terceros, aprovechando su cargo, correspondería pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años.

c) Omisión de actos funcionales (artículo 377)

Si su conducta se limitó a no cumplir dolosamente con sus funciones de fiscalización e inteligencia, por complacencia o negligencia grave, pena privativa de libertad no mayor de 2 años e inhabilitación.

d) Cohecho pasivo propio o impropio (artículos 393 y 394)

En caso de probarse que los altos mandos recibieron sobornos o ventajas económicas para “hacerse los ciegos” frente a la vulneración de las normas de seguridad, las penas oscilan entre 6 a 12 años de prisión efectiva.

2. Repercusiones civiles

Por otro lado, los responsables civilesmente deberán resarcir los daños y perjuicios ocasionados al Estado peruano, conforme al artículo 1969 del Código Civil peruano, en cuanto al principio general de responsabilidad civil extracontractual.

a) Daño patrimonial al Estado

Si el Estado peruano demuestra que las decisiones u omisiones de los altos mandos facilitaron un perjuicio económico o compromisos financieros derivados de contratos inválidos, estos están obligados solidariamente a indemnizar los daños económicos (artículos 1985 y ss. del Código Civil).

b) Daño a bienes jurídicos colectivos

Si la conducta produjo daño al bien colectivo “seguridad nacional” o puso en riesgo intereses estratégicos del país (p. ej., la vulnerabilidad del gasoducto de Camisea), el Estado podrá demandar civilmente por los daños al interés público.

c) Inhabilitación administrativa

Finalmente, la Contraloría General de la República y el Tribunal de Servir podrían imponerles inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y sanciones pecuniarias, conforme a la Ley N.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

En suma, los altos mandos podrían ser investigados simultáneamente por responsabilidad penal y civil, incluso de manera independiente de las sanciones administrativas. En el plano penal, los tipos penales aplicables dependerán de si se acredita dolo, colusión o simple omisión. En el plano civil, tendrán que resarcir los daños económicos y sociales ocasionados por su conducta.

Por tanto, resulta fundamental que el Ministerio Público y la Procuraduría Pública del Estado actúen de manera célere para delimitar las responsabilidades individuales, dada la trascendencia de los bienes jurídicos comprometidos y la gravedad institucional del caso.

Riesgos para activos críticos nacionales

Además del riesgo para la seguridad nacional, la operación de Puma Air sin un taller certificado de mantenimiento (OMA) tras su desalojo de la base pone en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas en la zona del gasoducto de Camisea, donde la empresa presta servicios a Pluspetrol, poniendo en riesgo un proyecto que abastece el 50% del gas natural del país. La DGAC no habría fiscalizado la falta de OMA en las operaciones recientes, lo que, según expertos, compromete vidas humanas y la infraestructura energética crítica.

Tráfico de influencias y relaciones impropias

La Fiscalía también investiga la presunta relación sentimental entre el gerente general de Puma Air, Eduardo Guislain, y la abogada de la DGAC, Alicia Paola Mantilla, que habría facilitado la emisión irregular de permisos aeronáuticos. Según los registros, el propio Mery Pinto visitó la DGAC el 22 de marzo de 2024 para gestionar directamente un permiso de “demostración”, modalidad utilizada como subterfugio para eludir requisitos técnicos y legales.

PAREJA GERENTE DE PUMA AIR Y ABOGADA DE DGAC UTILIZARON SUS VINCULOS PARA FAORECER A EMPRESA CHILENA 

SE REGISTRO VISITA DE CHILENO EN DGAC PARA GESTIONAR PERMISOS DE UN HELICOPTERO -

LA MEPRESA PUMA AIR SAC SOLO TENIA PERMISOS PARA DEMOSTRACION DE HELICOPTEROS - AERONAVES

Impunidad sistémica y complicidad institucional

La cuestión central que la investigación debe dilucidar es cómo fue posible que, durante años, una empresa con evidentes vínculos extranjeros accediera y operara en una instalación estratégica sin que la DIFAP emitiera informes adversos. Fuentes internas sugieren que hubo órdenes expresas de los más altos niveles para “hacer la vista gorda” a cambio de sobornos o “diezmos” procedentes de las utilidades de Puma Air por los contratos con Pluspetrol.

La hipótesis más grave en investigación apunta a la presunta implicación directa del entonces director de la DIFAP y del propio comandante general de la FAP, general del aire Javier Ramírez Cateriano, quienes habrían tolerado las irregularidades a cambio de beneficios económicos, desnaturalizando las funciones de resguardo de la seguridad nacional que les correspondía.

Un caso emblemático de vulnerabilidad nacional

Este caso se suma a la preocupante evidencia de debilidad institucional y falta de controles internos en las Fuerzas Armadas peruanas frente a intereses extranjeros. La combinación de opacidad en los contratos, falta de auditorías independientes, colusión entre funcionarios civiles y militares, así como el uso de figuras jurídicas para burlar la ley, exhibe una preocupante vulnerabilidad en materia de seguridad nacional.

Como advierte la DINI en su informe preliminar: “la posible infiltración de capital extranjero en instalaciones estratégicas compromete severamente los intereses soberanos y exige la adopción inmediata de medidas correctivas y sancionadoras”.

El Ministerio Público ha anunciado que citará en las próximas semanas a altos oficiales de la FAP, funcionarios de la DGAC, así como al propio Walton Mery Pinto, quien ya ha sido requerido a declarar en calidad de investigado.

EL ESTUDIO BALVIN ABOGADOS REALIZARON UN ANALISIS SOBRE ESTOS HECHOS E INDICARON:

Análisis de las fallas identificadas

1. Fallas en la inteligencia básica: La DIFAP no cumplió con su obligación mínima de realizar investigación documental de registros públicos, verificación de beneficiarios finales y antecedentes empresariales de Puma Air SAC, que ya contaba con observaciones desde 2017.

2. Falta de producción de informes AA3 y AA1: No se registraron informes de nivel básico (AA3) ni de análisis superior (AA1) que alertaran sobre la infiltración, pese a que la empresa operaba en un activo crítico nacional y había indicios públicos de irregularidades.

3. Inacción operativa: La inacción no se debió a limitaciones técnicas, pues las acciones requeridas (solicitud de información a SUNARP, SUNAT, Migraciones, etc.) son de escritorio y no requieren operaciones de campo complejas.

4. Ineficiencia estructural: Más de 150 agentes con cursos en el exterior no lograron generar inteligencia útil en este caso, evidenciando falta de dirección, objetivos claros y control interno.

Responsabilidades legales derivadas

1. Responsabilidad administrativa: Los altos mandos de la DIFAP y la FAP habrían incurrido en inobservancia de sus funciones conforme a la Ley N.° 27444, pudiendo ser sancionados por la Contraloría General.

2. Responsabilidad penal:

   • Omisión de actos funcionales (artículo 377 del Código Penal): por no realizar sus funciones deliberadamente.

   • Colusión agravada (artículo 384): si se probara concertación para permitir la infiltración.

   • Atentado contra la seguridad nacional (artículo 325): si su conducta comprometió la soberanía y defensa nacional.

3. Responsabilidad civil: Por daños patrimoniales al Estado peruano, conforme al artículo 1969 del Código Civil.

 Propuestas de medidas correctivas

1. Auditoría externa integral a la DIFAP para identificar responsables directos e indirectos.

2. Depuración del personal ineficiente y reestructuración de la cadena de mando.

3. Implementación de métricas de desempeño para la producción de inteligencia básica y estratégica.

4. Fortalecimiento del control interno mediante auditorías periódicas.

Los hechos analizados reflejan una crisis institucional de la DIFAP en su función de resguardar la seguridad nacional. Las omisiones no son atribuibles a falta de recursos ni a complejidad operativa, sino a negligencia, posible colusión y falta de liderazgo. Urge la adopción inmediata de medidas administrativas, civiles y penales para garantizar la responsabilidad institucional y la protección de los intereses nacionales.

Negligencia de inteligencia militar

Las fuentes de la FAP admiten, con reserva, que cualquier proveedor extranjero debería pasar por una investigación especial de inteligencia, procedimiento estándar incluso para contratos menores. Sin embargo, la Dirección de Inteligencia de la FAP (DIFAP), conocida internamente como “el Cuarto Piso”, no realizó las verificaciones básicas sobre el origen de los capitales ni los antecedentes del personal. Para analistas en defensa, esto revela una negligencia deliberada o posible colusión de altos mandos que habría permitido la infiltración a cambio de prebendas económicas, hipótesis que también investiga la DINI.

En primer lugar, es oportuno señalar que, conforme a las doctrinas modernas de inteligencia estatal, la inteligencia básica consiste precisamente en recopilar, sistematizar y analizar información accesible (open-source intelligence — OSINT) que permita establecer perfiles de actores, capacidades, intenciones y vulnerabilidades. La investigación documental de registros públicos, flujos financieros, listas de beneficiarios finales y antecedentes es un procedimiento elemental que no requiere operaciones complejas ni despliegue de recursos humanos en campo.

En segundo lugar, la falta de producción de “notas AA1 - AA2” (nivel analítico básico), como bien señala, refleja tanto la falta de profesionalismo de los agentes como la ausencia de una cultura institucional de responsabilidad y control interno. La Ley N.° 28858, que regula el Sistema de Inteligencia Nacional del Perú (SINA), establece expresamente que su finalidad es producir inteligencia para la toma de decisiones y proteger los intereses nacionales, lo cual evidentemente no se ha cumplido en este caso.

En tercer lugar, el dispendio en capacitaciones en el exterior sin resultados tangibles representa una violación al principio de eficiencia administrativa y podría dar lugar a investigaciones por responsabilidad administrativa e incluso penal, conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 27444 y las normas de control interno.

Diagnóstico preliminar de las fallas

1. Fallas estructurales: exceso de personal no calificado, falta de auditorías internas y ausencia de indicadores de desempeño.

2. Fallas operativas: inacción en procedimientos básicos de verificación documental y coordinación interinstitucional con SUNARP, SUNAT, Migraciones, entre otras.

3. Fallas éticas: priorización de agendas personales o políticas sobre la misión institucional, sumado a actitudes negligentes.

Implicancias y medidas correctivas recomendadas

• La Contraloría General y el Congreso podrían abrir investigaciones por uso ineficiente o irregular de recursos públicos en la DIFAP, conforme a la Ley N.° 27785.

• El Ministerio Público podría calificar como omisión de actos funcionales (artículo 377 del Código Penal) las omisiones graves en la producción de inteligencia.

• Recomendarse una reestructuración institucional que incluya auditoría externa, depuración de personal ineficaz y adopción de métricas claras para evaluar desempeño.

Los hechos descritos reflejan una crisis institucional de fondo. Como señala EL ESTUDIO BALBIN ABOGADOS, una agencia de inteligencia que no produce inteligencia confiable pierde legitimidad y se convierte en un mero gasto superfluo para el Estado. Este caso, más allá de una indignación legítima, debe servir como catalizador para exigir reformas profundas y rendición de cuentas.

CMONT LA CAJA CHICA DE CATETO - PRIMO ALOIS BURGHARDT CAPPELLIN DE NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE SE LLEVA TODOS LOS PROCESSO DESDE HACE DOS AÑOS

 

CMONT - LA CAJA CHICA DE CATETO. 

Cuestionan permanencia prolongada de oficiales, sobrevaloración de adquisiciones y direccionamiento de contratos a presuntos allegados del alto mando. una empresa nueva se lleva todos los procesos desde hace dos añitos- justo desde cuando Chavez Cateriano toma el mando 

Desde el interior de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) han emergido serios y graves  cuestionamientos respecto a la gestión administrativa y operativa del Club de Oficiales de Monterrico (CMONT), unidad institucional que, según denuncias documentadas, estaría siendo utilizada como plataforma para prácticas irregulares de contratación pública y beneficios personales del entorno más cercano del actual Comandante General de la FAP, General del Aire Chávez Cateriano.

Permanencia irregular y concentración de poder

Uno de los principales focos de atención recae sobre la prolongada jefatura del Coronel FAP Vía, quien se mantiene como director del CMONT por más de tres años consecutivos. Esta situación vulneraría los principios de alternancia, transparencia y control establecidos para los cargos de dirección institucional en dependencias estratégicas, especialmente en unidades que manejan recursos económicos considerables. Sumandose la permanencia del técnico Medina en el área de finanzas por mas de 5 años - cuanto billete se ha robado y a robado para sus jefecitos ... en cinco años a viciado el cargo, ha elaborado una estructura de corrupciÓn y sistematizados los procesos para entregárselos a los amigos de Chaves Cateriano  

La continuidad del oficial y técnico no solo resulta cuestionable desde el punto de vista normativo, sino que también ha sido vinculada con prácticas de corrupción institucionalizadas al interior del CMONT en direccionamientos de procesos al primo de CATETO.

A este coronel también se le regalo un viajecito a EEUU 

Sobrevaloración de bienes y direccionamiento de contratos

Las evidencias señalan al Técnico Medina, “financista” del CMONT, por haber establecido presuntos acuerdos colusorios con la ferretería que abastece regularmente al club de materiales de construcción y herramientas. Entre los hechos concretos, se ha documentado la compra de herramientas, cuyo valor de mercado es mínimo, pero que fueron facturados hasta por cinco veces su valor real, en cantidades inconsistentes con lo realmente adquirido.

Además, diversos procesos contractuales habrían sido sistemáticamente direccionados hacia Alois Martín Burghardt Cappellin, primo del Comandante Chávez Cateriano, quien opera como proveedor habitual de la unidad. Estos servicios —gestionados formalmente a través del técnico en retiro Ruiz— serían, en realidad, encargos de índole personal para altos mandos del Comandante General, pero facturados como servicios al CMONT.

Este proveedor mantiene el control de múltiples contrataciones durante al menos dos años desde que llego de EEUU, valiéndose de la estrategia de modificar periódicamente la razón social de sus empresas y del tc RUIZ para eludir mecanismos de control y verificación de la normativa de contrataciones del Estado.

"El coco gato entro al mando y Alois su primo aprovecho el instante empezó a pedír trabajos se presentó a concurso pero direccionaban los trabajos para que gane el . El coronel vía ya era director del Cmont pero se quedó por recomendación porque que el coco gato asumió el mando. entonces este chupap...a empezó a portarse bien con el coco gato. Su primo aprovechando que tenía el poder se presentaba y ganaba . Hicieron la cuadra de los técnicos el año pasado, la cuadra de la tropa. El cambio del alumbrado público, los postes, Pintaron las canchas de tenis y muchos otros mas procesos, en especial los procesos chiquitos de 10 mil para mas eso no los revisa nadie"

CABE PRECISAR: que se le ha entregado procesos a la empresa AB BIENES Y SERVICIOS E.I.R.L del primo de CATETO que sale en las fotos chupando rico, pero esta empresa no tiene ni un sola misera maquinaria, menos tiene oficina, ni personal y se ha dejado de lado a empresas con mayor experiencia para darle la buena pro-- que ni siquiera esta realiza porque por lo bajo subcontrata la empresa del TC RUIZ 

VEAN USTEDES, CON SUS PROPIOS OIDOS.. DESDE CUANDO FATCURA LA EMPRESA DLE PRIMO DE CATETO ... Y COMPAREN QUE DICEN LAS BASES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO ????--- 

En el análisis del proceso de adjudicación materia de cuestionamiento, se evidencia un grave apartamiento de los requisitos técnicos y administrativos establecidos en las propias bases del procedimiento. De acuerdo con los documentos gráficos examinados, se ha omitido la verificación rigurosa de criterios esenciales tales como la especialidad del postor, los años de experiencia en la ejecución de obras similares, y la presentación de documentación financiera (como depósitos bancarios u otros instrumentos verificables) que respalden la ejecución previa de obras de magnitud comparable.

Este conjunto de omisiones compromete la legalidad del procedimiento y sujeta al Comité de Selección (CMONT) a cuestionamientos por posibles actos de favorecimiento indebido. La selección del postor, aparentemente vinculado por lazos consanguíneos o de afinidad con uno de los actores internos del proceso (“el primito de Cateto”), agrava la percepción de parcialidad y ausencia de transparencia, transgrediendo el principio de imparcialidad administrativa, consagrado en la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cabe destacar que la empresa adjudicataria carece de trayectoria consolidada, dado que, según el Registro Nacional de Proveedores y otras fuentes documentales, recién inició operaciones en el año 2022, por lo que no contaría con la experiencia mínima requerida para ejecutar obras de la magnitud descrita en las bases. Esta situación contraviene principios fundamentales del sistema de contratación pública, tales como la idoneidad técnica, la capacidad operativa demostrable y la igualdad de condiciones entre los postores (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE]

En consecuencia, los hechos descritos configuran indicios razonables de una irregularidad en la adjudicación, lo cual justifica una inmediata revisión por parte de los órganos de control interno y, de ser el caso, el inicio de un procedimiento de nulidad o una acción contencioso-administrativa, conforme al marco normativo vigente.

Esquema de presunto favorecimiento interno y uso indebido de funciones

El esquema denunciado también implica una red interna que incluye a suboficiales, técnicos en actividad y empleados civiles que estarían operando bajo una lógica de repartición de beneficios, conocidos en el lenguaje coloquial como "diezmos", extraídos del presupuesto de los procesos de contratación. Se menciona al empleado civil Martín, EVY CARPIO Y JAZMIN, así como al TC3 Ataupilco, a quienes se les habría asignado tareas operativas que configuran delito a cambio de incentivos económicos, tal es asi que la empelada civil CARPIO, en poco tiempo y con sueldo de personal Civil se ha comparado un Hyundai Creta.

El conjunto de estas prácticas sugiere la existencia de un mecanismo organizado de malversación y colusión - ORGANIZACION CRIMINAL, donde los procesos de contratación, mantenimiento y abastecimiento del CMONT serían utilizados INSTRUMENTALIZADOS para beneficiar económicamente a una red de allegados y al mismo Comandante General.

Implicancias penales y llamado a investigación

De comprobarse la veracidad de los hechos denunciados, este caso podría configurar delitos tipificados en el Código Penal peruano como colusión agravada (art. 384), peculado (art. 387) y malversación de fondos públicos (art. 389). Además, vulneraría la Ley N.º 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe expresamente el fraccionamiento de procesos, el direccionamiento de compras y la contratación de allegados o personas vinculadas por consanguinidad.

Diversas voces internas han exigido la inmediata intervención de la Inspectoría General de la FAP, la Oficina de Control Interno y el Ministerio Público, así como una auditoría externa que revise la integridad de los contratos, órdenes de compra y liquidaciones de los últimos tres ejercicios presupuestales del CMONT.

Próximas revelaciones

Finalmente, los denunciantes han anunciado que presentarán pruebas adicionales a través de un blog de investigación independiente. La evidencia incluiría documentos oficiales, fotografías de adquisiciones, registros de proveedores, audios y testimonios que demostrarían el uso sistemático del CMONT como “centro de operaciones paralelas” con fines económicos, personales y políticos.

Esta denuncia se hará llegar la MP y con copia  A la embajada de EEUU para evitar que el primito se fugue y dejen sin efecto la ciudadanía otorgada.

EN LA FOTITO SE VEN AL PRIMO JUNTO A  CATETO DISFRUTANDO DE LO MAS RICO DE TODO EL BILLETE QUE SE LLEVAN DEL CMONT 

AQUI EL PRIMAZO JUNTO A CATETO Y OTROS OFICIALES - TODOS CORTADOS POR LA MISMA TIJERA ---SARTA DE DELINCUENTES -- CHUPAN Y TRAGAN CON LA PLATA DEL PUEBLO .. NO UTILIZAN EL DINERO DE SUS SUELDOS ... SIEMPRE ROBANDO DE  LOS PROCESOS, EL COMBUSTIBLE - ESOS BONOS EXTRA -- VIAJES AL EXTRANJERO AGREAGDOS Y ACOMPAÑANTES - DEL RANCHO --- USTEDES PIDEN RESPETO QUE NUNCA MERECERAN .. Y RECIEN EMPIEZO CATETO .... 

DOCTORADO Y MAESTRIA DE CORONEL FAP MANFRED WILMAR RONDÓN LLAZA NO ENCAJAN EN FECHAS - FUERON COMPRADOS PARA SU ASCENSO A MAYOR GENERAL

Escándalo en la FAP: Coronel Rondón - CULITO DE ORO y su polémico ascenso a Mayor General en 2025

El Coronel Rondón, actual agregado en los Estados Unidos, ha causado revuelo dentro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) al manifestar abiertamente a sus colegas que su ascenso a Mayor General en 2025 ya está asegurado. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas son las razones detrás de esta aparente certeza.

Según fuentes internas, Rondón se ha convertido en un hombre de extrema confianza para el Comandante General de la FAP, utilizando recursos públicos para protegerlo y mantener operativa su red de influencias.

Maestría y doctorado “comprados”

Uno de los aspectos más controvertidos de su carrera es la supuesta adquisición fraudulenta de títulos académicos. Se alega que Rondón habría comprado su maestría y doctorado a través de una intermediaria identificada como Jessica Tapia, garantizando así un perfil académico que le abriría el camino para alcanzar el grado de General.

La “caja chica” del Comandante General

Durante su periodo como agregado en los EE.UU., Rondón habría asegurado una fuente de financiamiento irregular para el alto mando. Se le acusa de ingresar al Perú con dinero en efectivo en más de 50 ocasiones, evadiendo los controles y utilizando estos fondos para cubrir gastos personales y comisiones ordenadas por el Comandante General.

Lo más grave es que estos viajes habrían sido pagados con presupuesto del Estado, desviando fondos destinados a la institución para favorecer a un reducido grupo de oficiales privilegiados.

Irregularidades en los estudios de posgrado del Coronel Rondon Llaza

Al analizar la información de la imagen, se observan graves inconsistencias en las fechas de matrícula, egreso y emisión de los diplomas del Coronel Manfred Wilmar Rondón Llaza. Estas irregularidades podrían constituir faltas administrativas e incluso delitos relacionados con falsificación de documentos y fraude académico.

1. Maestría obtenida en un tiempo imposible (2013) en una universidad no licenciada

• Según la imagen, Rondón Llaza se matriculó en la maestría en Administración y Dirección de Empresas el 05/08/2013 y egresó el 05/12/2013, es decir, en apenas cuatro meses.

• Es imposible completar un programa de maestría en tan poco tiempo, dado que la normativa exige un tiempo mínimo de estudios y créditos académicos equivalentes a dos años.

• Además, esta maestría fue obtenida en la Universidad Alas Peruanas (UAP), una institución que no fue licenciada por SUNEDU debido a serias deficiencias académicas y administrativas.

2. Su título de licenciatura no estaba registrado cuando ingresó al doctorado

• El diploma de licenciado en Ciencias de la Administración Aeroespacial fue emitido el 20/05/2015.

• Sin embargo, Rondón Llaza se matriculó en el doctorado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en marzo del 2017.

• La normativa exige que para matricularse en un doctorado, el título de grado debe estar inscrito en SUNEDU, lo que parece no haber sucedido aún en el momento de su matrícula.

3. Retraso en la entrega del diploma de maestría

• El diploma de la maestría fue emitido recién el 21/04/2017, lo que significa que en marzo de 2017 aún no tenía el título oficialmente registrado.

• Esto contradice la exigencia legal de que para inscribirse en un doctorado se debe contar con el grado de maestro debidamente registrado en SUNEDU.

Posibles delitos e irregularidades

Las inconsistencias detectadas sugieren una serie de irregularidades que pueden constituir faltas graves y posibles delitos académicos como:

✅ Falsedad ideológica: Registro de información falsa en documentos académicos.

✅ Fraude académico: Obtención de títulos sin cumplir los requisitos exigidos por la ley.

✅ Uso indebido de documentos públicos: Presentación de diplomas con fechas contradictorias para acceder a cargos públicos o beneficios.

Este caso debería ser investigado por las autoridades competentes, como SUNEDU, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, ya que existen indicios claros de corrupción académica que podrían haber facilitado su ascenso dentro de la institución.

El perfil “ideal” para ser General

A pesar de los cuestionamientos, Rondón parece cumplir con el “perfil perfecto” para el ascenso, no por méritos profesionales, sino por su lealtad absoluta y capacidad para manejar fondos del Estado en beneficio del alto mando. Su ascenso a Mayor General en 2025 parece ser solo cuestión de tiempo, lo que ha generado malestar entre oficiales de carrera que ven frustradas sus aspiraciones por falta de contactos e influencias.

Las graves denuncias sobre Rondón y su rol en la red de favores dentro de la FAP exigen una respuesta inmediata de las autoridades. Se espera que la Contraloría General de la República investigue las supuestas irregularidades en su formación académica, sus viajes frecuentes al Perú con dinero en efectivo y el desvío de fondos estatales.

Sin embargo, dentro de la institución muchos temen que, como en otros casos, la corrupción prevalezca sobre la transparencia y la meritocracia.

La comunidad aeronáutica y la opinión pública observan con atención. El futuro de la FAP depende de que estos hechos sean debidamente investigados y sancionados. 

PRTONTITO TODA LA CARTERA DE CLIENTES DE JESICA TAPIA .... 

FAP: PUCTA QUE RREEEECCOOO!!! AMORES FURTIVOS, HIJOS CALETAS, PISADAS DE NUCA, VIAJES AL EXTRANJERO, Y LA MALCRIADA DE LORETO LA VE PASAR

 

¡Escándalo en la FAP! Comandante General envuelto en doble romance extramatrimonial y privilegios a sus amantes

Técnico Fiorela Carranza y Comandante Mimbela Cuadros: Las mujeres que "gobiernan" en la FAP

¡Atención, personal militar! Un explosivo escándalo sacude las altas esferas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), y esta vez no se trata de estrategias de defensa, sino de romances secretos, favoritismos descarados y un "padrillo" con alas doradas.

El Comandante General de la FAP, Chávez Cateriano, ha protagonizado un intenso y furtivo romance con la suboficial Fiorela Carranza, con quien habría tenido un hijo fuera de su matrimonio con Cateto. Pero eso no es todo: mientras el alto mando sigue en su puesto, Carranza se pasea por la FAP como si fuese una general de cinco estrellas, sin hacer servicios y cobrando todos los bonos y apoyos posibles, además de su sueldo.

Según testigos, la técnico Carranza entra y sale de cualquier unidad sin restricciones, se salta los protocolos y goza de una inmunidad absoluta. Los oficiales y subalternos aseguran que su relación con el Comandante General la ha convertido en intocable, al punto que nadie se atreve a cuestionar sus acciones.

¿Un solo amor? ¡No, dos!

Pero el comandante no se conformó con un solo romance. Desde hace años, también ha depositado su confianza (y amor) en la oficial jurídico Comandante FAP Ylliana Patricia Mimbela Cuadros, con quien mantiene una relación extramatrimonial de alto vuelo.

Lo más escandaloso es que Mimbela Cuadros ha sido favorecida con viajes al extranjero sin mérito alguno, aprovechando su cercanía con el general. Fuentes internas afirman que la comandante se pasea con aires de superioridad, usando el ascensor privado de los generales y tomando decisiones como si fuera la dueña de la comandancia.

¿Y el patrimonio del general?¿Se avecina una batalla por la herencia?

Mientras este escándalo se destapa, en el entorno del general Chávez Cateriano hay rumores de que su esposa, conocida en Loreto, estaría considerando vender bienes del oficial, desconociendo que el "último heredero" del general también tiene derecho a recibir lo que le corresponde, tal como sus otros hijos.

En medio de esta novela militar, hay una disputa en puertas. Se dice que la "malcriada" de Loreto (presuntamente la esposa del comandante) ha comenzado a mover los bienes del general, pero atención: el "último heredero" de Chávez Cateriano, el hijo de la técnico Carranza, también tendría derecho a su parte del patrimonio.

El escándalo no solo ha destapado el abuso de poder y el favoritismo descarado dentro de la FAP, sino también la falta de control en las relaciones prohibidas entre altos mandos y subordinadas.

Comandante General habría favorecido a su pareja extramatrimonial con viajes al extranjero

Favoritismo en asignación de misiones internacionales en la Fuerza Aérea

La comandante Ylliana Patricia Renee Mimbela Cuadros habría sido beneficiada con múltiples viajes al extranjero sin mérito aparente, gracias a su presunta relación extramatrimonial con el Comandante General de la FAP, Chávez Cateriano.

L a jurídica ha disfrutado de misiones internacionales y viajes al exterior, desplazando a otros oficiales que, por mérito y trayectoria, deberían haber sido priorizados. Sin embargo, lo que más ha generado indignación dentro de la institución es que estos beneficios no responderían a un criterio técnico, sino a favores personales ligados a una relación amorosa clandestina con el alto mando militar.

2024 DE VIAJECITO A COLOMBIA TODO PAGADO

2024 VIAJECITO A HONDURAS -- TODO PAGADO 

2018 DE VIAJECITO A ARGENTINA TODO PAGADO

2015 VIAJECITO A ARGENTINA - LE GUSTA LA CARNE.. DURAA- SE FUE CON GOOFY , JOJO JOY

El general Chávez Cateriano no solo ha mantenido esta relación furtiva con la comandante Mimbela Cuadros durante varios años, sino que, en paralelo, también asistía a la técnico , con quien incluso tuvo un hijo. Esta situación ha levantado sospechas sobre el uso indebido de influencias y posibles actos de nepotismo dentro de la FAP. pues la malcriada de Loreto, osea la esposa de CATETO, ha estado detrás de todo esto, ya que cuando Cateto quiso que ascienda la amante jurídico, este ordeno a personal que le diera vacante, enterada de ello la originaria esposa de cateto DONA CARLA ROCIO DEL CASTILLO DE CHAVEZ, ordeno que no se aperture vacante para la jurídico... cositas que mas adelante y con mayor detalle daremos a conocer..

Y ESTA GRANDISIMA ABOGADA -- ADIVINEN QUE TEMAS TOCA EN SUS REDES SOCIALES Y SUS VIDEITOS - MAS CONCHAN .. ABOGADAS COMO ELLA YA PARA QUE HACER JUICIO ..!!! ESTA TIPEJA DEBE SER SANCIONADA POR LA ORDEN 

NO JODAN -- ESE TEMA LE CAE A PELO.. EL NOVIAZGO Y SUS IMPLICANCIAS LEGALES... CREO QUE DESCONCE SU PROPIA NORMATIVA... SI DIGPE NO SANCIONA .... BUENO TENDRE QUE HACERLOS FELICES A TODOS ... 

DICE TENER TODO ESTO 

PERO SOLO TIENE ESTO 

¿Habrá una investigación?

Este caso pone nuevamente bajo la lupa el uso de recursos públicos en la FAP y la falta de transparencia en los criterios de asignación de viajes oficiales. Mientras tanto, las autoridades competentes deben investigar si hubo abuso de poder o tráfico de influencias, además de garantizar que estos casos no queden impunes dentro de la institución castrense.

La Fuerza Aérea aún no se ha pronunciado sobre este escándalo, pero la pregunta sigue en el aire: ¿Habrá sanciones o se encubrirá este caso como tantos otros dentro del alto mando militar?

ABUSO Y ORDENES SERVILES FAP- UTILIZAN A PERSONAL DE SUBOFICIALES FAP COMO SERVIDUMBRE EN CLUB FAP

Denuncia: Enfermeros Militares de la FAP son Víctimas de Abuso y Maltrato Laboral

Una grave denuncia sacude las filas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), donde suboficiales especialistas en enfermería han sido desplazados de sus unidades médicas sin justificación alguna para ser enviados a la Escuela de Supervivencia en el Mar (ESMAR). Lejos de cumplir funciones relacionadas con su especialidad, estos militares están siendo utilizados como personal de limpieza, mozos y hasta sirvientes de los familiares de oficiales de alto rango.

Un traslado irregular y sin justificación

El personal de suboficiales enfermeros, altamente capacitados para atender a pacientes en instalaciones médicas como el Hospital Central FAP, la Dirección de Sanidad y el Hospital Las Palmas, ha sido retirado abruptamente de estos lugares estratégicos para ser enviados a la unidad ESMAR. Sin embargo, esta unidad no requiere una cantidad considerable de personal médico, lo que pone en evidencia un oscuro propósito detrás de esta decisión.

Los testimonios recogidos indican que este traslado responde a la necesidad de cubrir tareas serviles en beneficio de los familiares de oficiales, quienes utilizan a estos suboficiales como personal doméstico, obligándolos a cumplir funciones ajenas a su preparación y rango militar.

Trabajo forzado y condiciones inhumanas

Los suboficiales denuncian que sus horarios laborales han sido extendidos de manera abusiva, trabajando de lunes a domingo desde las 08:00 a.m. hasta las 06:00 p.m., sin descanso y en condiciones de explotación laboral. Además, se les niegan beneficios básicos como pasajes o una estadía digna, a pesar de que la unidad ESMAR se encuentra en una zona alejada de la capital.

A esto se suma que, en ESMAR no existe un puesto de servicio de sanidad, lo que confirma que su traslado no responde a una necesidad médica, sino a una maniobra del alto mando para utilizarlos como empleados domésticos.

Servidumbre disfrazada de servicio medico militar

La denuncia detalla que estos suboficiales son obligados a atender requerimientos personales de los familiares de oficiales de alto rango, quienes asisten al Club FAP con un séquito de esposas, hijos e incluso parejas de sus hijos. Según las víctimas, se les exige atender a estas personas como si fueran personal de servicio de un hotel, en lugar de desempeñar sus funciones médicas dentro de la institución.

Este abuso de poder no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática dentro de la FAP, donde el alto mando actúa con total impunidad, utilizando recursos humanos capacitados en enfermería para satisfacer necesidades personales de sus familias.

Acciones legales en camino

Ante esta grave violación de los derechos laborales y humanos de los suboficiales, se estaría preparando una denuncia penal contra los oficiales responsables de estos abusos. La comunidad militar exige una respuesta inmediata y sanciones ejemplares para quienes han convertido una institución de honor y servicio en un feudo de explotación y servidumbre.

Esta denuncia pone nuevamente en el ojo del huracán a figuras del alto mando, cuyo accionar autoritario y abusivo ha sido señalado en reiteradas ocasiones. En los próximos días, se revelarán nuevos detalles sobre los responsables de esta injusticia, incluyendo una investigación sobre el "General Cateto" y su círculo cercano.

La FAP es una institución de servicio a la nación, no un feudo donde el alto mando y sus familias pueden disponer del personal a su antojo. Es momento de que la justicia militar y civil actúe con firmeza para frenar estos atropellos.

CONTRALORIA - OCI: PONE EN EVIDENCIA POSIBLE ROBO Y GRAVE IRREGULARIDADES EN LA GESTION DE COMPRAS DE REPUESTOS DEL SELEC

Grave denuncia: Robo de repuestos electrónicos de sistemas de vigilancia aérea en la FAP por más de 100 mil soles

Lima, enero de 2025 – Un nuevo escándalo afecta a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) tras reportarse el robo de repuestos electrónicos esenciales para los sistemas de vigilancia aérea. El valor de los bienes sustraídos supera los 100 mil soles, y se señala la presunta participación de oficiales y técnicos en esta grave irregularidad.

Aspectos clave del caso

Los repuestos, adquiridos bajo el Régimen Especial N° 16-2023-FAP/SELEC, llegaron al país el 8 de mayo de 2024, pero nunca fueron retirados del almacén de aduanas para ser entregados al área usuaria. Esta demora en el proceso administrativo generó un riesgo crítico, ya que los repuestos eran necesarios para el mantenimiento de los sistemas de radar utilizados en operaciones de vigilancia aérea. La falta de estos componentes pone en peligro la capacidad de la FAP para responder a fallas técnicas y cumplir con su misión de vigilancia del espacio aéreo.

Situaciones adversas y negligencia

El hecho de que los repuestos no hayan sido recepcionados oportunamente evidencia una serie de irregularidades administrativas, entre ellas:

1. Falta de control y supervisión: Los bienes permanecieron en aduanas sin ser retirados durante meses, a pesar de su importancia estratégica.
2. Sustracción interna: Se sospecha que oficiales y técnicos habrían organizado el robo, aprovechándose de la falta de seguimiento en el proceso de entrega.
3. Impacto en la operatividad: La ausencia de estos repuestos compromete la funcionalidad de los sistemas de radar, debilitando las capacidades de vigilancia y defensa aérea del país.

Repercusiones administrativas y legales

La Contraloría General de la República y la Policía Nacional han iniciado investigaciones para identificar a los responsables del robo y de las negligencias administrativas que facilitaron el delito. Además, se espera que las autoridades militares de la FAP implementen medidas inmediatas para reforzar los controles en la gestión de bienes adquiridos bajo regímenes especiales.

Una amenaza a la seguridad nacional

El robo de estos repuestos no solo representa una pérdida económica significativa, sino que también pone en jaque la capacidad de la FAP para garantizar la vigilancia del espacio aéreo nacional. Este caso subraya la necesidad urgente de una reforma en los procesos logísticos y de control interno en las Fuerzas Armadas.

Seguiremos informando sobre los avances en las investigaciones y las sanciones que se apliquen a los responsables de este grave hecho