ALTO MANDO DEL EJERCITO PERUANO SE COLUDE CON EMPRESA FANTASMA OFF SHORE Y DESAPARECEN 20 MILLONES DE DOLARES EN SUPUESTO MANTTO DE 3 PALAS
UNA ORGANIZACION CRMINAL ENQUISTADA EN LA CASA DE BOLOGNESI SE HA COLUDIDO CON EMPRESA FANTASMA PARA ROBARSE 20 MILLONES DE DOLARES
Este caso expone un aparente esquema de corrupción dentro del Ejército peruano que involucra a altos mandos y la empresa offshore panameña Milenium Veladi Corp (MVC), la cual fue beneficiada con un contrato millonario sin cumplir los requisitos de experiencia ni solvencia técnica necesarios. En este análisis, se resalta cómo MVC, con un perfil de "empresa fantasma", logró obtener un contrato de más de 20 millones de dólares para reparar helicópteros rusos que no han sido entregados a tiempo y cuyo estado es desconocido.
Naturaleza y Procedimiento del Contrato: Inicialmente, el contrato firmado el 10 de noviembre de 2023 tenía como fin que MVC reparara tres helicópteros rusos para responder a posibles emergencias derivadas del Fenómeno del Niño. A pesar de la urgencia, el proceso de contratación presenta serias irregularidades, pues, aunque los términos iniciales del contrato requerían experiencia técnica y autorizaciones emitidas por autoridades aeronáuticas y militares rusas, estos requisitos se flexibilizaron de forma inexplicable. El 20 de septiembre de 2023, los requisitos se redujeron, lo que permitió que MVC, a pesar de carecer de solvencia técnica y experiencia, ganara la licitación.
Evidencias de Colusión y Falta de Transparencia: La firma MVC fue registrada en Panamá como una empresa offshore, lo que limita el acceso a información clave sobre sus propietarios y operación. La investigación de 'Panorama' descubrió que MVC no tiene oficinas reales ni empleados, lo que refuerza la teoría de que fue utilizada como fachada para canalizar fondos públicos. Asimismo, el propietario aparente de MVC, Alexander Reyes Olivos, no fue ubicado para ofrecer su versión de los hechos, lo que deja aún más interrogantes sobre la transparencia de sus operaciones y su conexión con altos funcionarios del Ejército.
Implicaciones y Responsabilidades del Ejército: Las modificaciones en los términos de referencia del contrato, que facilitaron la adjudicación a MVC, sugieren la participación activa o pasiva de funcionarios del Ejército en un acto de colusión. Estos cambios se introdujeron en el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (Cemae), lo que plantea dudas sobre si los responsables de esta área actuaron bajo la influencia de superiores o en complicidad con MVC. La falta de verificación de las capacidades de la empresa y su solvencia financiera, además de la aprobación de una licitación a una empresa sin historial acreditado, constituyen una negligencia que roza lo delictivo y compromete la credibilidad de la institución.
Contexto y Efectos sobre la Defensa Nacional: La ausencia de las aeronaves reparadas pone en riesgo la capacidad operativa del Ejército peruano en momentos en que se espera la llegada del Fenómeno del Niño, afectando la seguridad y respuesta nacional ante desastres naturales. La corrupción en contratos de mantenimiento y adquisición de equipo militar, como en este caso, no solo desvía recursos públicos sino que compromete la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos y administrar la defensa nacional.
Reflexión sobre la Falta de Control y Fiscalización: Este caso pone en evidencia la falta de controles internos y auditorías en los procesos de contratación en el sector de defensa. El Estado peruano debe revisar urgentemente los mecanismos de licitación y fiscalización para evitar la infiltración de empresas fachada en sus procesos y sancionar con contundencia a los funcionarios responsables.
En conclusión, la participación de generales del Ejército en la contratación irregular de MVC sugiere un posible acto de corrupción de gran magnitud que requiere ser investigado. La colusión con una empresa fantasma offshore para el desvío de fondos no solo representa una traición a la confianza pública, sino que también vulnera la seguridad nacional. La Fiscalía y las entidades fiscalizadoras deben actuar con celeridad para identificar a los responsables y garantizar que estos recursos sean recuperados y redirigidos hacia fines legítimos en beneficio del país.
