⚖️ UNA DOCENA DE ALTOS MANDOS FAP EN ELPATIBULO DEL FISCALIA - ESCÁNDALO FOVIMFAP
"Los generales del fraude, próximos huéspedes de la cárcel"
En un proceso que ya huele a barrotes y sentencias, la Corte Superior de Justicia de Lima ha dictado el Auto de Enjuiciamiento Nº 38, donde se confirma que un ejército de altos oficiales y funcionarios del Fondo de Vivienda Militar FAP (FOVIMFAP) no solo jugó con millones de dólares del Estado, sino que lo hizo con la precisión de relojeros suizos… para defraudar al erario público.
Los nombres retumban como un desfile de uniformes manchados: Luis Guillermo Vásquez Pérez, Sergio Estrada Oblea, Luis Augusto Montoya Valdivia, Herbert Manuel Echegaray Pacheco, Roberto Edgar Mimbela Velarde, Roberto Ezequiel Briceño Gordillo, Carlos Estuardo Vidal Calvo, Jaime Arturo Rodríguez Espinoza, Fernando Álvarez Ángeles, Juan Roberto Salvador Chaupis, Julio César Valdez Pomareda, César Augusto Llontop Benites, Jorge Alberto Ríos Santa Cruz, entre otros.
Todos ellos, según el Ministerio Público, concertaron con empresas privadas para inflar precios de terrenos en Piura, Arequipa e Iquitos, firmando cheques millonarios como si fueran simples boletas de cantina.
📌 Los delitos y las pruebas
Colusión agravada: cada uno, en su calidad de presidente, vocal, asesor legal o jefe de finanzas, aprobó compras sobrevaloradas.
Montos escandalosos:
US$ 2'189,374.14 por “Los Ejidos” en Piura.
US$ 2'594,411.35 por Cayma Alta en Arequipa.
US$ 2'042,046.12 por Iquitos-Nauta.
Cheques firmados con solemnidad criminal: documentos bancarios que hoy son la prueba reina de cómo se vació el bolsillo del Estado.
⚔️ El caso Montoya Valdivia: el jurista caído
El expediente revela que Luis Augusto Montoya Valdivia, asesor legal y luego jefe de la Procuraduría Pública FAP, recomendó las adquisiciones sin verificar partidas registrales, pese a que los terrenos habían sido comprados días antes a precios mucho menores. Su doble papel —jurista y acusado— lo convierte en el símbolo de cómo el conocimiento jurídico fue usado para blindar el fraude.
🚨 La inminente condena
El Auto de Enjuiciamiento declara saneada la acusación y abre paso al juicio oral. Las penas que se avecinan por colusión agravada podrían oscilar entre 8 y 15 años de prisión efectiva, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La ironía es brutal: oficiales que alguna vez firmaron contratos y cheques con autoridad, ahora podrían firmar el registro de ingreso a un penal.
📢 RADIOGRAFIA DE LA CORRUPCION INSTITUCIONAL :
El caso FOVIMFAP no es solo un expediente judicial, es la radiografía de cómo la corrupción se vistió de uniforme y se disfrazó de legalidad. Los acusados, con grados militares y títulos profesionales, están a un paso de cambiar sus oficinas por celdas, sus juntas de administración por juntas de reclusos, y sus cheques millonarios por el menú del penal.
👉 En palabras simples: los generales del fraude están próximos a desfilar hacia la cárcel, con paso marcial y sentencia firme.









































