ECO PAPA: PERVERSION Y CORRUPCION ENTRE CORONELES Y GENERALES

INMORALIDAD E IRREGULARIDADES EN LA CASA DE BOLOGNESI

Nombramientos bajo sospecha: denuncian irregularidades en la Comandancia General del Ejército

El Coronel Edy Lechuga Jirón, amigo de copas y secretario personal del Comandante General —alias “Tío Briceño”— ha sido premiado con el cargo de agregado militar en los Estados Unidos Mexicanos. ¿Mérito? ¿Currículum? ¿Dominio del inglés? Nada de eso. Lo que pesa aquí son los 98 kilos, la estatura de 1.65 y la cercanía con el bazar del Pisco. Porque en esta comandancia, el mérito se mide en botellas y no en medallas.

🎩 Briolo: el titiritero de la boina

El verdadero poder parece no estar en el despacho del Comandante General, sino en la sombra de Briolo, el secretario general que hace y deshace. Manipula reincorporaciones, bloquea a los honestos “pasteles verdes” —aquellos oficiales que se atrevieron a denunciar la mafia del diésel— y hasta decide quién entra al CAEN y quién se queda fuera. ¿La razón? Que no se interpongan en el festín de impunidad.

🧨 El CAEN: ¿Centro de Altos Estudios o club de amigos?

La directiva de invitación al CAEN 2025 fue modificada a pedido de ex comandantes generales. ¿El objetivo? Excluir a los colaboradores eficaces que ayudaron a desmantelar redes corruptas. En su lugar, se invita a oficiales con impedimentos de salida, con más rigor disciplinario que méritos académicos. ¿Formación estratégica o blindaje político?

🐍 El legado de Ojeda y la boina traicionera

La boina, símbolo de honor, se ha convertido en estandarte de traición. El tío Ojeda sigue moviendo los hilos, mientras Briceño —heredero de apellido, pero no de carácter— se deja llevar por la marea de intereses personales. La meritocracia ha sido sepultada bajo el peso de la complicidad.

💸 El pipiléctico del presupuesto: General Juan Díaz Jesús

Y como si fuera poco, aparece el video del General Jefe de Presupuesto, acusado de levantar esposas de técnicos y oficiales con el poder del dinero. ¿Quién lo detiene? Nadie. ¿Quién lo juzga? Tampoco. Porque en esta comandancia, los problemas ajenos no son problemas propios… según Briolo.

🎤 Desde esta trinchera periodística, exigimos que la espada de honor vuelva a brillar, que los pasteles verdes sean reivindicados y que la boina deje de ser símbolo de impunidad. Porque cuando el uniforme se mancha, la patria llora. Y nosotros, los picaros y siniestros, no callamos.

Crisis en el HOREN: denuncias por abusos, favoritismos y corrupción interna

Crisis en el HOREN: Un Clamor por Cambios Urgentes

El Hospital Regional de la Fuerza Aérea (HOREN) atraviesa una profunda crisis institucional, marcada por denuncias de maltratos, irregularidades administrativas y presuntos actos de corrupción que han derivado en bajas, deserciones y renuncias de oficiales en los últimos años. Pese a los cambios de mando, los problemas persisten y se señala a un grupo de técnicos como responsables de manipular a directores, obtener privilegios indebidos y protegerse a través de vínculos con altos oficiales. Entre los hechos más graves se mencionan procesos por presuntos desfalcos en IAFAS con clínicas privadas, acusaciones de conductas impropias dentro de la institución y una alarmante permisividad por parte de la Dirección de Sanidad (DISAN), que hasta ahora no ha tomado medidas firmes. La situación ha generado un ambiente laboral insostenible: oficiales de carrera han pedido su baja, suboficiales desertaron por los abusos, y la moral del personal militar y civil se encuentra seriamente deteriorada. La Inspectoria y el comando FAP han sido llamados a intervenir, pues lo que debería ser un centro de servicio y salud se ha convertido en escenario de luchas de poder, favores personales y pérdida de confianza institucional.

La situación en el HOREN - FAP se ha vuelto insostenible, revelando problemas persistentes que parecen no tener solución. A pesar de los cambios en la dirección, la dinámica laboral y el clima interno siguen siendo críticos.

El año pasado, el mayor Muchotrigo fue dado de baja, y se justificó la reubicación del mayor Loo, junto con otros dos oficiales, con la esperanza de que esto transformaría el ambiente laboral del HOREN. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser muy diferente. En 2025, un suboficial dejó la unidad tras sufrir maltratos y abusos por parte de técnicos que utilizan su poder para manipular a quienes asumen el mando. Este hecho ha generado un malestar generalizado entre el personal.

Recientemente, otro mayor ha decidido retirarse, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad de la actual administración. ¿Qué llevó a esta oficial a tomar tal decisión? ¿Es posible que el liderazgo actual esté siendo influenciado por estas manipulaciones? La inacción por parte de la Dirección de Salud (DISAN) es alarmante. Mientras tanto, el mayor Muchotrigo y el suboficial están en proceso de baja, dejando a la comunidad FAP en un estado de incertidumbre.

La DISAN, que debería actuar en defensa de los intereses de la institución, parece estar involucrada en un ciclo de inacción. A pesar de que los problemas han persistido durante años, la permanencia de ciertos técnicos, considerados elementos negativos para la institución, sigue sin ser cuestionada. Estos individuos han estado en la unidad por más de 15 años, y su influencia se siente en cada rincón.

El ALTO MANDO FAP, quien recientemente impartió una charla, debería considerar realizar una evaluación sorpresiva en el HOREN para descubrir la magnitud de los problemas. La inspección debe ser más proactiva y darse cuenta de cuántos buenos elementos se están perdiendo debido a la negligencia y la corrupción interna.

En medio de este caos, el ambiente laboral se vuelve insostenible. Muchos en el HOREN han expresado su deseo de ser trasladados, pero no los técnicos que perpetúan la situación. La técnico Esqueche, quien fue recomendada por el TSP Camachin antes de su traslado a Piura, está involucrada en un proceso abierto por desfalcos junto a la técnico Sarmiento. A pesar de las acusaciones, estas féminas continúan en sus puestos, lo que genera una percepción de impunidad.

La técnico Sarmiento, cuya conducta ha sido cuestionada, mantiene una relación cercana con el subdirector del HOREN, quien las defiende vehementemente. A través de conexiones y favores, se ha creado un círculo de protección que impide cualquier intento de cambio. El subdirector, quien prometió mejorar la situación, se ha convertido en un defensor de las mismas prácticas que criticó.

Por otro lado, la técnico Barasorda también ha estado en el centro de controversias, al involucrarse con el esposo de otra técnico de mayor antiguedad. La falta de apoyo para aquellos que denuncian estas irregularidades es evidente y refuerza un sistema que favorece a los corruptos.

La DISAN debe actuar con urgencia. La situación en el HOREN es insostenible y necesita cambios significativos. El problema no son los jefes que supervisan, sino la cultura de corrupción que se ha arraigado en la unidad. Es vital que se inicien investigaciones y se tomen decisiones que beneficien tanto a militares como a civiles, garantizando un ambiente de trabajo justo y seguro.

Tantos privilegios para algunos… Como es el suboficial Montalvan lleva un mes sin trabajar y el comando mes pasándolo presente en la unidad….y el no va a trabajar a cambio de favores …. el subdirector lsigue peleando  en DIGPE con su amiga la coronel en que las bajen de la lista…inspectoría evalué el tema… Y presten atención un poco a esa unidad que pide a gritos mejoras y un buen trato para todos …… Militares y civiles…

La comunidad del HOREN clama por un cambio real y urgente. Las voces de aquellos que buscan mejorar la situación son cada vez más fuertes. Es momento de que las autoridades escuchen y tomen acciones decisivas para restaurar la integridad en esta institución vital.

El doble filo del entrenamiento militar: oficiales en actividad y el uso privado de la ciberseguridad

Operaciones “clandestinas” dentro de la FAP: denuncias señalan uso de ciberherramientas y violación del secreto de las comunicaciones

Entrenamiento militar bajo la lupa: cuando la ciberseguridad se convierte en riesgo - otros depredadores digitales en la FAP siguen en actividad y actúan bajo respaldo del Alto Mando

- CASO BARRERA Y LIVINTONG 

En las últimas semanas, han emergido serias acusaciones que ponen en tela de juicio los límites legales y éticos de las actividades de inteligencia realizadas por efectivos vinculados a la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Fuentes internas y documentos reservados advierten sobre la existencia de operaciones de netting, ciberseguridad ofensiva y monitoreo clandestino, prácticas conocidas en el argot como “coming”, “netting” y HUMINT que, según las denuncias, habrían sido empleadas sin la debida autorización judicial y con fines que excederían la seguridad institucional para transformarse en instrumentos de persecución, presión interna y de intereses personales.

Dentro de la Fuerza Aérea del Perú, programas de entrenamiento en netting, ciberseguridad y técnicas de inteligencia deberían servir para fortalecer la defensa nacional; sin embargo, denuncias internas sostienen que estos conocimientos han sido desviados hacia prácticas clandestinas, empleadas para espiar comunicaciones, intervenir redes sociales y hackear sistemas sin orden judicial contra oficiales del alto mando que están en contra de Chávez Cateriano. 

Lejos de constituir maniobras legítimas de seguridad, estas acciones evidencian un entrenamiento que, en la práctica, estas actividades de inteligencia FAP, estaría sirviendo de plataforma para conductas ilícitas. La paradoja es grave: oficiales capacitados con recursos del Estado para proteger al país, terminan señalados por utilizar esas mismas herramientas contra sus propios mandos y colegas críticos o para intereses personales, algunos hacen negocio y venden información, otros crean empresas utilizando la logística, equipos e información FAP, lo que devela un problema estructural de control y de ética institucional que exige respuestas inmediatas.

acaso Pollito Amarillo es el unico efecivo militar Fap entrenado, hay decenas, y algunos han sido relegados porque no aceptaron serviri a un grupo de oficiales que cometen ilictos...

el caso de Livintong, lo dejaremos para otra nota .... por ahora...

El caso de Chunga no es aislado; al igual que otros oficiales en actividad, evidencia un fenómeno preocupante: el aprovechamiento de conocimientos adquiridos dentro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para fines personales. Según denuncias internas, algunos efectivos de inteligencia A2 formados en áreas de ciberseguridad, netting e inteligencia estarían trasladando estas habilidades a la esfera privada, constituyendo empresas de fachada o de servicios tecnológicos que operan en el mercado civil. Lo grave no es solo la incompatibilidad ética de esta doble función, sino el hecho de que se señala el uso indebido de información sensible y recursos de la propia FAP como insumo para estas actividades, en beneficio económico personal.

Ello no solo contravendría los principios de la función pública y de la seguridad nacional, sino que configuraría un delito grave de abuso de autoridad, tráfico de información y enriquecimiento ilícito, socavando la confianza en la institución castrense. La ciberseguridad, que debería estar al servicio de la defensa del país, aparece así deformada en una herramienta para la renta privada de unos cuantos, alimentando la sospecha de mercenarismo digital desde dentro de las propias Fuerzas Armadas. Este patrón exige una investigación seria de la Inspectoría General y de la Fiscalía, pues lo que hoy se denuncia como un “negocio paralelo” de oficiales, mañana podría convertirse en una amenaza directa a la seguridad del Estado.

EN LA ACTUALIDAD VEMOS EL CASO DEL CAPITAN FAP Isaías Eduardo Barrera Santos

Un caso que genera alarma en los círculos de seguridad es este capitan, que presentándose como especialista en ciberseguridad, aún no culmina su carrera universitaria, pero se proyecta públicamente como experto y consultor. Según propios agentes de inteligencia FAP, habría vínculos con altos mandos de la FAP que le permitirían utilizar recursos estatales en actividades cuya transparencia es cuestionable, lo que abre interrogantes sobre el origen de los equipos, la información y las capacidades con las que opera. La polémica crece porque, más allá de ofrecer servicios de protección digital, también comercializa acceso a datos sensibles y trabajos de dudosa legalidad, lo que exige una investigación rigurosa sobre el alcance real de sus actividades y las posibles responsabilidades institucionales.

El caso expuesto refleja cómo ciertos individuos vinculados a la FAP, como Isaías Eduardo Barrera Santos, se presentan públicamente como especialistas en ciberseguridad pese a no haber culminado aún su formación profesional, mientras en paralelo se denuncia que operarían con recursos, información y equipos destinados a la seguridad nacional, lo cual plantea graves dudas sobre la procedencia de las herramientas que emplean y sobre la naturaleza real de los servicios que ofrecen, pues más allá de vender “ciberseguridad”, estarían comercializando acceso a información sensible del Estado, lo que evidencia no solo una falta de transparencia y profesionalismo, sino también un riesgo de mercenarismo digital que exige investigación penal y administrativa inmediata.

MINISTERIO DE DEFENSA SE HACE DE LA VISTA GORDA ES INOPERANTE ANTE LA CORRUPCION EVIDENTE - MIENTRAS LA FAP ES DEVALIJADA POR SU PROPIO ALTO MANDO

 

Ministerio de Defensa se hace de la vista gorda ante la corrupción en la FAP

Lima, 2025.

A pesar de la existencia de abundante documentación oficial y denuncias directas sobre graves irregularidades dentro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el Ministerio de Defensa, a través de su Secretaría General, encabezada por la Dra. María Cecilia Chumbe Rodríguez, se mantiene inoperante frente a los actos de presunta corrupción cometidos por el alto mando.

Diversas comunicaciones revelan que desde hace meses se han presentado oficios, actas e informes que demuestran la sustracción y pérdida de equipos, aeronaves y recursos logísticos de la institución castrense. Sin embargo, en lugar de adoptar medidas concretas y transparentes, el Ministerio ha emitido únicamente actos administrativos formales, que no han logrado frenar el desvalijamiento sistemático ni sancionar a los responsables.

Fuentes vinculadas al caso señalan que la Fiscalía, la Contraloría y el propio Congreso ya cuentan con pruebas suficientes para iniciar investigaciones exhaustivas. A pesar de ello, la respuesta ministerial ha sido lenta y, según denuncias internas, más orientada a dilatar procesos que a esclarecer responsabilidades.

Esta pasividad no solo compromete la imagen del Ministerio de Defensa como ente rector de las Fuerzas Armadas, sino que también pone en entredicho el compromiso del Gobierno con la lucha contra la corrupción en el sector militar. “Estamos en una corrupción completa en la FAP… y no hacen nada. A los corruptos los premian”, se lee en una de las comunicaciones que forman parte del expediente.

La gravedad del caso radica en que la Secretaría General ya posee la documentación pertinente y ha reconocido administrativamente las irregularidades, pero no ha impulsado acciones de fondo ni coordinado con la justicia ordinaria para sancionar a los responsables. Con ello, el riesgo de impunidad se incrementa, generando descontento tanto en personal activo como en oficiales en retiro.

CONVERSACIONES DE WHATSAPP EVIDENCIAS COMUNICACIÓN Y DOCUMENTOS EN MANOS DE MINDEF

La ciudadanía espera que las autoridades competentes asuman con seriedad las denuncias y que el Congreso de la República ejerza control político inmediato. El silencio y la inacción no solo protegen a quienes han convertido a la FAP en un botín de intereses particulares, sino que también debilitan la seguridad y defensa nacional.

OFICIALES JURIDICOS - PROCURADORES DE LA FAP BURROS!! CON LA CALIFICACION MAS BAJA - VERGUENZA JURIDICA EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE PROCURADORES PÚBLICOS Y PROCURADORES PÚBLICOS ADJUNTOS 2025

 

FAP en crisis: Procuradores militares muestran un preocupante déficit de preparación en convocatoria nacional

La Convocatoria N.° 002-2025-PGE/CD, organizada por la Procuraduría General del Estado, ha dejado al descubierto una realidad alarmante dentro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP): sus procuradores no están preparados ni cuentan con la solvencia técnica para asumir el rol que les corresponde en la defensa jurídica del Estado. Los resultados, lejos de fortalecer la institucionalidad, exhiben una fotografía clara de la precariedad y la falta de profesionalismo en los cuadros jurídicos de la institución castrense.

De acuerdo con el documento oficial publicado por la Procuraduría, cuatro procuradores vinculados a la FAP participaron en el proceso de evaluación. Sin embargo, el desenlace fue un verdadero bochorno institucional: tres de ellos no cumplieron los requisitos mínimos, siendo descalificados o declarados no inscritos, mientras que apenas uno logró superar el examen con la nota mínima aprobatoria de 30 puntos, un resultado que más que mérito refleja un salvavidas frente al fracaso colectivo.

Los nombres y las condiciones hablan por sí solos:

• Karla Milagros Rada Benavides, Procuradora Pública de la FAP, no cumple requisitos, apenas alcanzó 2 puntos y fue declarada postulante no inscrita.

• Fidel Ángel Medina Rey, Procurador Público de la FAP, también no cumple requisitos, obtuvo 25 puntos y quedó fuera del proceso.

• Luis Alberto Fernández Velazco, Procurador Público de la FAP, fue el único que cumplió requisitos, logrando la nota mínima de 30, sin mayor destaque académico ni profesional.

• Luis Augusto Montoya Valdivia, Procurador Público de la FAP, con 0 puntos, fue descalificado de manera categórica.

NOTA DE 02 - EN COMPARACION CON LOS OTROS PROCURADORES - QUE MEDIOCRIDAD - NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS

NOTA DE 25 : NI SIQUIERA LLEGO AL MINIMO - QUE VERGUENZA  - NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS

NOTA DE 30 : LLEGO AL MÍNIMO PERO CON ESE GRADO ?? DE CORONEL -  CUMPLE CON LOS REQUISITOS A LAS JUSTAS

NOTA DE 0 : ESTE ABOGADUCHO COMO ASI ESTA EN LA FAP??-  NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS NI CON NADA

Este cuadro resulta más que anecdótico: representa un síntoma grave de deterioro en los estándares de selección, capacitación y desempeño de quienes, en teoría, deberían defender los intereses jurídicos de una institución estratégica para la seguridad nacional. La función del procurador público no es decorativa, sino fundamental en la lucha contra la corrupción, en la defensa de los recursos estatales y en la representación legal ante los tribunales.

La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo confiar la defensa jurídica del Estado a oficiales que no son capaces de cumplir requisitos básicos ni aprobar evaluaciones mínimas?. El resultado refleja no solo negligencia individual, sino también una falla estructural dentro de la FAP, que permite que personas sin la formación adecuada permanezcan en cargos sensibles.

Expertos en derecho administrativo y militar consultados señalan que estos resultados deberían dar lugar a sanciones internas y al pase al retiro inmediato de los responsables, pues lo contrario significaría tolerar la mediocridad en áreas donde lo que está en juego es la protección del patrimonio público y la imagen de la institución.

El desenlace de esta convocatoria coloca a la Fuerza Aérea del Perú en una posición incómoda frente a la opinión pública. Mientras se espera de las Fuerzas Armadas disciplina, mérito y compromiso con la nación, los procuradores de la FAP han demostrado lo contrario: falta de preparación, desinterés por el perfeccionamiento profesional y ausencia de responsabilidad frente a los estándares legales más elementales.

En conclusión, lo ocurrido en la Convocatoria N.° 002-2025-PGE/CD es un llamado de atención urgente: la FAP debe revisar a fondo sus procesos de selección y capacitación en materia jurídica. De lo contrario, continuará arrastrando la sombra de la ineficiencia y la deshonra, debilitando no solo su imagen institucional, sino también la defensa legal del Estado peruano.

AQUÍ LES DEJO UNA FLOR, RIVERA BACA ESTÁ REUNIENDO DATOS SENSIBLES DE LOS DEMÁS JURÍDICOS -- PARECE QUE ALGO SE TRAE EN MANOS - LES VA A TIRAR BARRO CON VENTILADOR - ESTOS SON MÁS TRAICIONEROS. 

“La rampa dorada de Bravo: 6 millones en cutra desde el Grupo Aéreo 8”

 

Roder Bravo: del “Espada de Honor” a las sombras de la corrupción

“Hangar millonario: civiles pagaban, Bravo cobraba”

La trayectoria de Roder Bravo, nacido en 1964 y graduado como Espada de Honor en 1988, está plagada de méritos académicos y militares: piloto de bombardeo, instructor en diversas aeronaves, excomandante del Grupo Aéreo N.° 8 y hoy Director General de Educación y Doctrina de la FAP. Sin embargo, detrás de esta hoja de vida impecable se ciernen graves acusaciones: fuentes internas lo señalan como iniciador de un esquema clandestino de alquiler de rampas y hangares en el Grupo Aéreo N.° 8, que habría permitido desviar cerca de 6 millones de soles en tres años gracias a contactos dentro del G8, replicando viejas prácticas junto a Gurecky. Los reportes señalan que mensualmente se cobraban 200 mil soles a civiles, de los cuales apenas llegaban migajas a subalternos, mientras los retornos engrosaban bolsillos de oficiales en la cúpula.

El Inspector General de la FAP CONTRERAS LEON CARTY - otro corrupto, abrirá investigaciones, pero el nombre de Bravo no aparece mencionado, pese a las reiteradas denuncias. Para voces críticas, no se trata de un descuido: se estaría protegiendo su carrera para asumir como próximo Comandante General, sacrificando a otros oficiales para “cortar cabezas” y limpiar el camino. Así, la institución se enfrenta a un dilema: ¿cómo conciliar la imagen de un oficial con doctorados y programas de liderazgo con las denuncias que lo acusan de usar la institución para enriquecimiento ilícito? La respuesta no solo marcará el futuro de Bravo, sino también la credibilidad misma de la Fuerza Aérea del Perú.

El mecanismo de la “cutra” de Bravo en el Grupo Aéreo N.° 8

De acuerdo con fuentes internas de la FAP, cuando Roder Bravo asumió responsabilidades de mando en el Grupo Aéreo N.° 8, articuló junto a oficiales de confianza (como Gurecky, entonces CODE) un sistema clandestino de alquiler de infraestructura militar. El esquema consistía en alquilar rampas y espacios de los hangares a empresas privadas y operadores civiles sin contrato formal ni registro oficial. El monto pactado rondaba los 200 mil soles mensuales, bajo el concepto de “apoyo logístico”.

El dinero se recaudaba directamente de los civiles y se canalizaba en tres niveles:

1. Depósitos nominales: a cada civil se le debia entregar  2,000 soles mensuales, pero solo les dejaban 500 soles, como una especie de “pago de silencio”.

2. Retornos encubiertos: el resto del dinero se concentraba en una caja paralela, sin pasar por contabilidad institucional, y era administrado directamente por el círculo de Bravo.

3. Desvío sostenido: multiplicado por 80 civiles al año, este esquema generaba aproximadamente 1.5 millones de soles anuales, acumulando con alquileres y otros casi 6 millones en tres años.

La falta de contratos formales era deliberada: al no existir documentos, los ingresos no podían ser auditados ni supervisados por la Contraloría, permitiendo un flujo constante de dinero en efectivo para la cúpula del esquema. Según las fuentes, Bravo usó estos fondos para fortalecer su red de poder interna y financiar favores políticos, lo que explica su aparente intocabilidad en las investigaciones actuales.

“Las denuncias contra Rondón Llaza ponen en jaque la credibilidad de la FAP”

“Rondón Llaza: agresión familiar y nexos oscuros con el poder municipal”

Poder Judicial procesa a coronel de la FAP por violencia contra mujer y menor, en un caso que expone cómo las denuncias contra Rondón Llaza ponen en jaque la credibilidad de la FAP, al destaparse un entramado de violencia psicológica, familia oculta y vínculos políticos que revelan un patrón de conducta cuestionable; en este contexto, la transparencia militar queda en entredicho al tener a un oficial de alto rango bajo acusación judicial, evidenciando así el dilema ético de la FAP, cuyos mandos aparecen cada vez más implicados en denuncias graves que golpean la legitimidad de la institución.

En medio de un creciente malestar dentro de la Fuerza Aérea del Perú, el coronel Manfred Wilmar Rondón Llaza se encuentra comprometido en un caso judicial que desnuda la gravedad de su conducta privada y su impacto en la institucionalidad militar. Según documentos oficiales del 11° Juzgado de Familia de Lima, se le abrió un proceso especial de tutela por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, tras la denuncia presentada por DOÑA XXXXXX y una menor de edad. La resolución, dictada bajo el amparo de la Ley N.º 30364, ordenó la realización de pericias psicológicas a la madre y a la menor, así como una evaluación al propio Rondón Llaza, con el fin de establecer la magnitud del daño sufrido y la peligrosidad del denunciado.

El expediente judicial es contundente: las víctimas habrían sido sometidas a agresiones fisicas, psicológicas y económicas reiteradas, generando un riesgo severo para su estabilidad emocional e integridad. Lo más alarmante es que la menor habría presenciado episodios de violencia en su propio hogar, situación que agrava el impacto del maltrato y evidencia un cuadro de desprotección familiar alarmante. El oficial esta siendo procesado con las pruebas ya existentes, lo que revela la seriedad de la causa.

Pero las acusaciones no se detienen ahí. Testimonios recogidos en la investigación apuntan a que Rondón Llaza mantiene un hijo no reconocido formalmente y que en otra ocasión habría presionado a una expareja para interrumpir un embarazo, mientras mantenía relaciones paralelas con ambas mujeres. 

A ello se suma la comprobada existencia de una relación clandestina con una alta funcionaria pública de la Municipalidad de Lima y SERPAR, lo que abre la sospecha de que utilizó su posición institucional para construir alianzas irregulares con fines personales.

hasta la fecha Rondon no firma a su otro hijo - asi quiere ser general???? Que poca cosa 

Este patrón de violencia, ocultamiento familiar y relaciones encubiertas con el poder civil no es un asunto privado: erosiona la credibilidad de la FAP y contradice los más altos estándares éticos y morales que deberían regir a sus mandos. La pregunta que queda en el aire es directa: ¿cómo puede la Fuerza Aérea sostener disciplina y legitimidad cuando uno de sus coroneles enfrenta denuncias tan graves por agresión psicológica a una mujer, maltrato a una menor y conflictos de interés con el poder político local?

Buenos elementos de la Inspectoría no han tolerado los abusos y hoy ponen al escrutinio público el verdadero rostro de Manfred Rondón Llaza, un oficial señalado por múltiples denuncias judiciales y familiares que lo exhiben como un personaje corrupto y cuestionado dentro de la FAP. Estas revelaciones marcan un punto de quiebre, pues evidencian que incluso desde el interior de la propia institución hay voces que exigen transparencia, sanción y la erradicación de quienes utilizan el uniforme para encubrir violencia y actos irregulares.

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS PUBLICARÉ TODOS LOS INFORMES REMITIDOS DE DICHO DESPACHO 

MAYOR FAP SANCHEZ PEDEMONTE TEMPLADO DE CADETE DE PRIMER AÑO, MUEVE POR LO BAJO DOCUMENTOS Y LA ENVIA DE COMISION A USA

ESCÁNDALO EN LA EOFAP: DENUNCIAN TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y RELACIÓN IRREGULAR ENTRE MAYOR Y CADETE

La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (EOFAP) atraviesa una grave crisis institucional tras revelarse acusaciones contra el Mayor Sánchez Pedemonte, actual Segundo Jefe del Departamento de Formación Militar. Según denuncias internas, el oficial habría favorecido a la cadete de primer año Espino Cari, con quien mantiene una relación sentimental encubierta, otorgándole incluso una comisión al extranjero en los Estados Unidos. Esta situación vulnera directamente los reglamentos militares, que prohíben vínculos de carácter sentimental o extramatrimonial entre oficiales y cadetes en formación.

Las acusaciones también señalan que el Mayor Sánchez Pedemonte mantiene una conducta discriminatoria hacia cadetes varones, en especial aquellos que son hijos de técnicos de la institución, aplicando sanciones desproporcionadas e incluso promoviendo bajas bajo criterios arbitrarios. Mientras tanto, la cadete Espino Cari habría recibido un trato preferente, situación que ha generado un ambiente de indignación y reclamos por parte de alumnos y familiares.

El caso no se limita a una infracción ética: la denuncia formal fue presentada ante el Ministerio Público bajo la Carpeta Fiscal N.° 4069-2025, por abuso de autoridad, tortura psicológica, en la que se encuentran incluidos, además del Mayor Sánchez Pedemonte, otros oficiales de la institución, como el Mayor Peña Sánchez, el Capitán Jalisto Vigo, el Capitán Cruz Carpio y el propio Director General de la FAP, General Nelson Suárez Alayza. Los cargos van desde abuso de autoridad hasta discriminación y presunto tráfico de influencias.

Diversos sectores exigen una investigación exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos y determine responsabilidades. La situación reviste especial gravedad, pues no solo afecta la transparencia y la disciplina en la formación de futuros oficiales, sino que pone en entredicho la credibilidad de la institución castrense en su conjunto, debilitada en los últimos años por reiterados escándalos de corrupción y mal manejo administrativo.

Los tentáculos de Chávez Cateriano: Favorece a Rondón Llaza con títulos falsos, manipula ascensos y lava millones en el extranjero.

Escándalo en los ascensos de la Fuerza Aérea: favoritismos, títulos falsos y corrupción en la cúpula

Corrupción con sello militar y judicial: La FAP se hunde entre cartones falsos, pagos en dólares y empresas fantasmas.

El año pasado debió ascender el Coronel FAP Gustavo Sánchez Castro, espada de honor y número uno de su promoción en todos los ascensos. Sin embargo, su legítimo derecho fue desplazado por decisiones cuestionadas del Comandante General Chávez Cateriano, quien promovió a oficiales con antecedentes controvertidos. Entre ellos, al Coronel Echegaray, implicado en denuncias por irregularidades en el rancho cuando comandaba el Grupo Aéreo N.° 7 en Piura, y al Coronel Nilton Guido López, señalado por encubrir la pérdida de un helicóptero durante su gestión en la EFOPI N.° 51 y la opaca compra de los Alarus CH-2000.

La sombra de la corrupción se extiende aún más. Todo indica que Chávez Cateriano pretende repetir la maniobra: bloquear el ascenso de Sánchez Castro y favorecer al Coronel Rondón Llaza, cuya hoja de vida arrastra serias denuncias por haber obtenido títulos de maestría y doctorado falsos, negociados a través de personajes conocidos en la FAP, como Jessica Tapia, quien ofrecía grados académicos “a la carta”. El trasfondo es claro: un sistema viciado en el que se premia la obediencia y la complicidad, mientras se margina al mérito real.

Los tentáculos del poder alcanzan también al ámbito judicial. Se denuncia que la esposa del Coronel Bonifaz, funcionaria del Poder Judicial, habría facilitado pagos en dólares a fiscales para archivar investigaciones sensibles, entre ellas el caso de John Pomar, además de blindar a oficiales cuestionados. Esta red de protección es la razón por la que, pese a la pérdida de más de 2,000 ítems de armamento y 15,000 municiones —hechos que han alimentado la inseguridad y el crimen organizado en el país—, nadie de alto rango haya sido pasado al retiro.

Finalmente, fuentes revelan que Chávez Cateriano ya prepara su salida: habría viajado a Canadá para asegurar una casa valorizada en más de 600 mil dólares, gestionada con contratos irregulares desde la agregaduría militar con empresas estadounidenses. Incluso, obras como el hangar de LP presentan serias observaciones: de los 3 millones de dólares entregados por los americanos, solo se ejecutaron 600 mil, canalizados mediante una empresa fantasma que sirvió para engordar los bolsillos de los mismos altos mandos.

La historia se repite: una Fuerza Aérea debilitada por sus propios generales, en donde los ascensos se compran, las denuncias se archivan, y el mérito se sacrifica en nombre de la corrupción.

Jéssica Tapia, asesora académica de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, se ha convertido en colaboradora eficaz de la Fiscalía, revelando una trama de corrupción académica que compromete directamente a oficiales del Alto Mando de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

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Jéssica Tapia, asesora académica de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, se ha convertido en colaboradora eficaz de la Fiscalía, revelando una sofisticada red de corrupción académica que compromete directamente a oficiales del Alto Mando de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Según sus declaraciones, títulos de licenciatura, maestría y doctorado fueron falsificados o emitidos de manera irregular, permitiendo a oficiales inflar puntajes y acceder ilegalmente a ascensos, agregadurías y beneficios económicos, en abierta violación de los principios meritocráticos de la institución. Estas prácticas, lejos de ser casos aislados, habrían sido toleradas e incluso avaladas por altas autoridades militares, incluyendo al general Chávez Cateriano.

Lo más alarmante es que la Fiscalía ya cuenta con audios comprometedores donde operadores académicos coordinan la entrega de “cartones” apócrifos a oficiales que buscaban consolidar su carrera sin esfuerzo académico alguno. Entre los implicados figura el coronel FAP Manfred Rondón, señalado como principal operador interno encargado de gestionar y facilitar dichos títulos falsos para su propio beneficio y el de sus allegados. En los próximos días, la colaboradora eficaz pondrá a disposición del Ministerio Público los medios probatorios que confirman esta trama, entre ellos documentos, registros y comunicaciones, lo que podría abrir una nueva ola de investigaciones y sanciones por fraude académico y corrupción en el seno de la FAP.

De acuerdo con la información oficial registrada en la SUNEDU, los títulos y grados académicos del coronel FAP Manfred Wilmar Rondón Llaza presentan serias inconsistencias que ponen en duda su legalidad. Según los registros, el diploma de maestría en Administración y Dirección de Empresas fue emitido recién el 21 de abril de 2017, pese a que las fechas de matrícula y egreso consignadas corresponden a los años 2013 y 2013-2015 respectivamente. Lo más grave surge al revisar el grado de doctor en Ciencias de la Educación otorgado por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, pues la constancia señala que la matrícula al doctorado se inició en marzo de 2017, cuando aún su título de maestría no había sido emitido oficialmente, lo que contraviene el marco legal vigente.

La normativa peruana establece de manera expresa que para acceder a un programa de doctorado es requisito indispensable contar previamente con el grado de maestro debidamente registrado en SUNEDU. En consecuencia, resulta jurídicamente imposible que Rondón Llaza haya podido iniciar estudios doctorales antes de obtener la resolución oficial que le otorgaba el grado de maestría. Estas incongruencias en las fechas no solo restan validez a la secuencia académica registrada, sino que abren la puerta del fraude documental y falsedad ideológica, delitos que deberán ser esclarecidos por el Ministerio Público y las instancias competentes.

Altos mandos bajo sospecha

Las primeras investigaciones indicarían que varios generales, coroneles y comandantes de la FAP obtuvieron de manera fraudulenta sus maestrías y doctorados gracias a esta mafia académica. La gravedad del asunto no solo compromete la legalidad de sus títulos, sino que pone en cuestión la legitimidad de sus ascensos y permanencia en el servicio activo.

De confirmarse los delitos:

• Todos los ascensos basados en títulos apócrifos serían declarados nulos.
• Los oficiales involucrados deberían ser pasados al retiro inmediato.
• Abren procesos penales por los delitos de falsedad ideológica, fraude académico, corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir.

La vergüenza institucional

Este nuevo escándalo amenaza con desacreditar aún más a la FAP, institución ya golpeada por denuncias recientes de direccionamiento de contratos, desvío de presupuestos y agregadurías diplomáticas entregadas por favoritismo.

La población exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares: el respeto a la carrera militar y la dignidad del uniforme no pueden seguir siendo pisoteados por quienes deberían ser ejemplo de honor y servicio a la patria.

Mientras tanto, Jéssica Tapia, armada de documentos, audios y nombres, ha puesto a temblar los cimientos de la cúpula militar, en un caso que podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción académica y militar en la historia reciente del Perú.

y miren nada mas, donde recibió su doctorado este señor, si nunca asistió a clases --- ojo ello ya se advirtió en una publicación anterior https://cazandoalcorrupto.blogspot.com/2025/03/doctorado-y-maestria-de-coronel-fap.html